El fiscal Fidel Cadena, uno de los representantes del ministerio público en el juicio del procès catalán junto al también aragonés Javier Zaragoza, ha reiterado este martes que, aunque corresponde "acatar" la sentencia que condenó a varios de los implicados por sedición y malversación, sigue manteniendo que el delito cometido fue, a todas luces, de rebelión.

Así se ha expresado Cadena en el foro de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), al que ha asistido como invitado para hablar del proceso judicial y del delito de rebelión, del que ha afirmado que "no tiene nada de qué arrepentirse", porque ha estado en el ordenamiento jurídico "desde tiempo inmemorial", y en su forma moderna, con la función de "proteger el orden constitucional", desde 1850. Le han acompañado y presentado el presidente de ADEA, Salvador Arenere, y el expresidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Julio Arenere.

Cadena se ha remontado al golpe de Estado del 23-F para recordar cómo, después de la condena por rebelión, la legislación se modificó para dejar claros los requisitos del tipo delictivo, suprimiendo la "abierta hostilidad", con lo que bastaba con que fuese un movimiento público, "ni siquiera violento". Siempre que su fin fuese atentar contra la Constitución, incluido "declara la independencia de una parte del territorio español". Y se introdujo la penalización de la conspiración para cometer este delito, sin necesidad de que se consiguiese para ser punible.

El fiscal ha recordado asimismo que en la reforma del Código Penal de 1995, donde se fijó como un "alzamiento público y violento", ni siquiera se aceptó la enmienda de un grupo catalán para que se requiriese usar armas para cumplir el delito, "para los que dicen que solo se da con tanques en la calle". El uso de armas constituye, de hecho, un subtipo agravado.

Bajo estos parámetros, as su juicio, el delito cometido durante el procès fue claramente de rebelión, no de sedición, que está pensada para la alteración del orden público, no para la amenaza a la Constitución, a su juicio "evidente". "Es importante llamar a las cosas por su nombre", ha reiterado, recordando que el delito se da, aunque sea con otro nombre (alta traición) en otros muchos países europeos. Precisamente por esto, por calificarlo como sedición, se dan críticas por las penas desproporcionadas en Europa, porque el delito de sedición es más difícilmente homologable. "Para nosotros, aquello fue un golpe de Estado", ha zanjado, con una "ruptura absoluta" con el ordenamiento constitucional.

RECUPERAR DELITOS

Cadena ha abogado por recuperar tipos penales como la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, penada con entre uno y tres años, o el de referéndum ilegal, vigente hasta el 2015. Algo que, considera, hubiese podido ayudar a prevenir el desenlace en Cataluña.

Ha repasado todos los hechos que a su juicio dejaron patente la subversión del orden constitucional, como la declaración de independencia, efectiva, aunque se suspendiera, o el incremento paulatino de la violencia con asedios a cuarteles y comisarías.

Con estos parámetros, ¿cómo es posible que se condenara por sedición? A juicio de Cadena, para justificar que se trató de una "ensoñación", "faltan hechos probados" que la sentencia obvia, y que hubiesen conducido a otra conclusión.

Cadena ha afirmado también que le parece "increíble" que el tribunal que denegó la extradición de Puigdemont entrase a juzgar el fondo del asunto para un trámite que debería de ser automático, y ha afirmado que la Fiscalía recurrirá los permisos que se conceden a los presos, hoy a Junqueras, pues a su juicio se trata de una indebida aplicación del reglamento penitenciario.