Madrid. -- El fiscal Pedro Rubira defendió hoy la competencia de la Audiencia Nacional para investigar el accidente del avión Yakolev 42 en Turquía y las presuntas irregularidades en la identificación de los cuerpos de los 62 militares españoles fallecidos, siguiendo las instrucciones del fiscal general del Estado.Así lo expuso en la vista del recurso de los familiares de las víctimas contra el archivo de las querellas que presentaron ante la juez Teresa Palacios, aunque destacó una serie de "obstáculos que habría que remover para que la investigación llegue a buen término" como la posible coincidencia de la investigación española con la abierta en Turquía y que los delitos denunciados se hayan cometido en el extranjero.De no aceptar el tribunal la competencia de la Audiencia Nacional, Rubira pidió que en su resolución recomiende al Gobierno acometer una reforma legislativa para recoger el principio de personalidad pasiva, que permitiría a la justicia española investigar posibles delitos cometidos contra sus nacionales en el extranjero, tal y como ocurre en países como Francia y Bélgica.Hasta este momento, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se había opuesto a que este tribunal se declarara competente para investigar lo sucedido, pero, tras recibir el pasado viernes un oficio del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenando que respaldara la petición de las familias de las víctimas, se ha visto obligada a cambiar de criterio.El propio Rubira comenzó su alegato advirtiendo del cambio de postura de la Fiscalía en virtud de "una orden de la Fiscalía General del Estado, interesando apoyar la apelación" de las familias contra el archivo de las denuncias, aunque, acto seguido, comenzó a enumerar una serie de obstáculos y objeciones que, a su juicio, impedirían declarar la competencia de la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido.A este respecto, el fiscal general dijo hoy en El Escorial que "lo relevante" es que se investigue si hubo o no delito en las circunstancias que rodearon al accidente y consideró que los obstáculos sobre la competencia de la Audiencia Nacional son subsanables, teniendo en cuenta que parte de los documentos se firmaron en Turquía y otra parte en España.Para Rubira el primer obstáculo se encontraría en las resoluciones de la juez Teresa Palacios sobre estos hechos y en los que ya se hace una interpretación de la ley.La juez, en el auto en el que rechazó la competencia de la Audiencia Nacional al desestimar la primera denuncia, argumentó que este tribunal sólo podría enjuiciar el delito de imprudencia de haber sido cometido por ciudadanos españoles en el extranjero.Para la magistrada, las irregularidades atribuidas a Defensa tuvieron lugar, en todo caso, en territorio nacional, por lo que la investigación correspondería a otros órganos judiciales españoles distintos de la Audiencia Nacional.Por ello, Rubira señaló que "si se partiera de esta base" los presuntos delitos cometidos "nunca serían competencia de la Audiencia Nacional, sino del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", tal y como ha ocurrido, según recordó, en casos como el del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán.Respecto a la otra denuncia, también archivada, referida a las supuestas irregularidades en la identificación de cadáveres, que supondrían un delito de falsedad documental, el fiscal pidió que se aportaran a la causa los documentos que acrediten que los certificados de defunción fueron elaborados en Turquía.Sobre este extremo, fuentes jurídicas señalaron hoy que la representación procesal de la Asociación de Familiares del Yak-42 presentó la pasada semana en el juzgado de Teresa Palacios, y no ante la Sala de lo Penal, los estudios genéticos practicados en Turquía que concluyeron que al menos 22 de las víctimas fueron mal identificadas.Antes del fiscal, intervinieron en la vista, ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los abogados de la Asociación de Familiares del Yak-42 y de la asociación denominada Politeya, Eudaldo Vendrell y Victor Hortal, respectivamente, autores de las dos denuncias presentadas en este tribunal a raíz del accidente.Ambos apoyaron la competencia de la Audiencia Nacional en este caso, aunque solicitaron que, si finalmente esta no se acuerda, el tribunal determine cuál sería el órgano competente para que se inhiba en su favor y que estos hechos no se queden sin investigar.Vendrell manifestó que no se entiende que, "transcurridos catorce meses de un caso como este, por temas técnicos de competencias se dejen sin investigar estos hechos", que, a su juicio, deberían ya estar siendo examinados por la Audiencia Nacional, dado que considera "se cumplen todos los requisitos legales" para ello.El letrado explicó que se trata de un conjunto de hechos que no se localizan "ni en un día ni en un lugar, sino en varios" y muchos de ellos fueron cometidos fuera del territorio español, especialmente en lo que se refiere a los contratos que "se firman o ejecutan fuera de España" por parte de españoles y con la consecuencia de que se produjeron víctimas también españolas.Respecto a la falsedad documental en la identificación de cadáveres, destacó que el presunto delito fue cometido en Turquía, "a sabiendas de que el resultado no era correcto" por parte de las personas adscritas al Ministerio de Defensa que firmaron esas pruebas.