La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel ha comenzado a investigar la posible existencia de ilegalidades en la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) tras recibir en su registro una denuncia de Compromiso por Aragón. El ministerio público es competente para instruir diligencias que afectan a un aforado --en este caso el consejero de Economía de la DGA, Francisco Bono--, aunque, en caso de detectar indicios de delito en su conducta --o en la de cualquier otra persona que tenga fuero especial por formar parte del Ejecutivo autonómico o ser diputado--, debe remitir la causa inmediatamente a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), único órgano judicial habilitado para investigar a los aforados en la comunidad. Algunas fuentes mostraron su extrañeza por el hecho de que las pesquisas sean desarrolladas por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Teruel, ya que la sede de la Consejería de Economía y Empleo de la DGA se encuentra en Zaragoza. El año pasado, la Fiscalía Superior de Aragón abrió diligencias de investigación penal a un total de siete aforados. Solo dos de ellos eran políticos, mientras que los otros cinco eran jueces o magistrados denunciados por algunos ciudadanos, según señala la memoria anual de la institución, cuyo contenido se conoció ayer con la apertura del curso judicial.