El ministerio fiscal ha renunciado hoy a pedir una condena de prisión efectiva para el exalcalde de Grañén (Huesca) Juan Antonio R.L. y otras tres personas al entender que en la falsificación documental que llevaron a cabo para conseguir el cobro de subvenciones por obras no hubo enriquecimiento ilícito.
Fiscalía y defensas han evitado la celebración del juicio que debía celebrarse hoy en la Audiencia de Huesca por estos hechos al pactar un acuerdo que incluye multas de 1.620 euros y seis meses de inhabilitación para el exalcalde y el secretario municipal, y de seis meses de prisión y multa de 1.080 al ingeniero que supervisó las obras y al contratista.
El acuerdo obliga, además, a los cuatro acusados a devolver de forma solidaria y conjunta al Fondo de Cooperación Local los 60.000 euros percibidos de forma irregular y destinados a obras distintas para las que fueron inicialmente solicitados.
En el mismo se tipifican los hechos imputados al exalcalde y al secretario municipal, Ambrosio C.L., como un delito de falsedad grave por imprudencia, y de falsedad documental al ingeniero que certificó las obras, Eduardo G.S., y al contratista, David E.R.
El relato de la acusación asumido por los acusados asegura que los cuatro se pusieron de acuerdo para solicitar subvenciones con cargo al Plan E de Cooperación Local a pesar de conocer que su petición no se "ajustaba a la realidad".
Los hechos tienen su origen en un acuerdo plenario de 30 de diciembre de 2008 por el que se acordó solicitar la inclusión en el Fondo de Inversión Local de dos proyectos de plantación en las carreteras de Fraella y Huesca, presupuestados, respectivamente, en 7.048 y 47.227 euros, y otro de construcción de un aparcamiento en el cementerio de la localidad valorado en 5.448 euros.
Las subvenciones fueron finalmente destinadas a otras obras distintas a fin de evitar su pérdida.
La propia fiscalía no valoraba inicialmente la existencia de un enriquecimiento ilegítimo en los hechos denunciados sino que se limitaba a responsabilizar a los acusados de llevar a cabo un presunto fraude para ejecutar unas obras beneficiosas para el pueblo.
Así, el letrado de la defensa del exalcalde, el abogado oscense Pablo Malo, ha incidido ante los medios de comunicación que el acuerdo, que deberá ratificarse en la sentencia a dictar por el tribunal, evidencia que ninguno de los acusados "se llevó dinero a casa" o de que cometiera un fraude.
"Se trata -ha añadido- de que un ilícito administrativo ha tomado relevancia penal, pero está claro que no había intención ni de fraude ni de estafa y que lo que ha pasado es que se llevó a cabo un procedimiento un tanto irregular".
Tras insistir en que en ningún momento se produjo un desvío de fondos para enriquecimiento personal, el letrado ha señalado que estos hechos deberían ser motivo de "reflexión" ya que, a su juicio, situaciones similares que finalmente se resuelven por vía administrativa o en los tribunal se dan en muchas administraciones locales.
En su opinión, este tipo de denuncias pueden llevar a que "muchos" responsables políticos renuncien a ostentar cargos en una administración local o que "tengan miedo" a la hora de tomar decisiones.
Ha resaltado que aunque el Fondo de Cooperación Local no estaba personado en la causa, al no considerarse como una entidad perjudicada y entender que las subvenciones se destinaron a obras en el municipio, la fiscalía entiende que dichas cantidades fueron cobradas irregularmente y deben de ser devueltas por los acusados.
