La alcaldesa del pequeño núcleo zaragozano de Aranda de Moncayo se enfrentará el próximo 11 de febrero en la Audiencia de Zaragoza a una petición fiscal de 3 años de prisión y 7 de inhabilitación por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la adjudicación de un coto de caza.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), en su escrito de acusación, el ministerio público responsabiliza a la edil de fraguar un proceso de adjudicación que benefició a una sociedad de cazadores constituida por su marido, un hijo y un cuñado.
La alcaldesa, Rosario Cabrera, presidió el 14 de junio un pleno en el que se aprobó el expediente de contratación y el pliego de contratación del coto, y se acordó su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, según relata a su vez la acusación particular en nombre de la sociedad perjudicada.
El anuncio publicado remitía a los interesados a acceder al pliego en dependencias municipales, en las que al estar ausente el secretario durante los 15 días naturales de plazo para la presentación de ofertas, la segunda sociedad interesada, "El Perdigal", no recibió respuesta alguna a sus peticiones de información.
Además, el pliego fue anunciado en el panel de anuncios del municipio, aunque en una vitrina cerrada con llave que sólo permitía ver la primera página del documento.
La alcaldesa aprobó finalmente la adjudicación por 5.800 euros a la sociedad formada por sus parientes, a pesar del informe contrario emitido por el secretario municipal por no cumplir con el pago de la fianza y no presentar documentación de estar al corriente de pagos a Hacienda y a la Seguridad Social.
La adjudicación, en respuesta a la demanda planteada por la sociedad de cazadores presuntamente perjudicada, fue anulada en abril de 2017 por un juzgado de lo contencioso, y a pesar de ordenar el Gobierno aragonés un nuevo proceso de enajenación, la alcaldesa permitió la explotación.
El ministerio fiscal solicita para la edil 3 años de prisión y 9 de inhabilitación por estos hechos, así como una indemnización a fijar durante el proceso.
Por su parte, la acusación particular responsabiliza a la alcaldesa de presuntos delitos de prevaricación, malversación y negociaciones prohibidas a una autoridad, con penas de hasta 4 años de prisión y 9 de inhabilitación, así como una indemnización de 5.000 euros a la sociedad perjudicada y de 19.000 al consistorio.
El representante legal de la defensa solicita a su vez la libre absolución de su cliente al entender que no favoreció ninguna de las ofertas presentadas a la adjudicación del coto ni generó pérdidas al consistorio.
