El Fiscal mantiene los 4 años de cárcel que pedía para el exconcejal socialista de Infraestructuras de Zaragoza Antonio Becerril por cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y abuso en el ejercicio de su función, mientras que ha retirado la acusación para uno de los dos empresarios imputados.

La lectura de sus calificaciones definitivas se ha producido en la sesión de hoy del juicio que se celebra desde la semana pasada ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra Becerril y los empresarios Carmelo Aured y Juan Carlos Esteban, estos dos últimos acusados de tráfico de influencias.

La fiscal ha mantenido los delitos contra Becerril, quien ha rehusado hacer declaraciones, pero ha rebajado las multas que solicitaba, de unos 400.000 euros a 75.000 euros.

La novedad más importante se ha producido respecto al empresario Juan Carlos Esteban, contra el que la Fiscalía ha retirado la acusación de tráfico de influencias, un delito por el que pedía 18 meses de prisión y una multa de 300.000 euros.

Asimismo, ha rebajado de dos a un año la pena de cárcel que solicitada por tráfico de influencias para Carmelo Aured, al que también ha reducido a 15.000 los 300.000 euros de multa que solicitó inicialmente.

El juicio concluirá mañana con las argumentaciones definitivas de las partes personadas en este caso, después de dos semanas de sesiones por las que han pasado decenas de testigos que han declarado ante un jurado popular, que deberá decidir posteriormente sobre la culpabilidad a no de los procesados.

El empresario Juan Carlos Esteban ha señalado, tras ser retirada la acusación contra él, que "la justicia ha llegado donde tenía que llegar; ni más ni menos" y ha rechazado que se haya sentido perjudicado durante los cinco años que ha durado este proceso judicial.

"Hemos tirado para adelante, hemos seguido funcionando. Sabíamos que éramos inocentes desde el primer momento. Yo no he hecho nada absolutamente nada que no haya sido justo", ha resaltado este empresario de la construcción.

César Ciriano, abogado del Carmelo Aured, se ha congratulado, por su parte, de que el fiscal haya rebajado la petición de cárcel a un año y ha destacado que pedirá su absolución, porque no hay "ningún indicio" del delito de trafico de influencias que se le imputa, ni se "ha pagado nada" por acceder a información privilegiada.

"Ninguna de las obras de las que se acusa de haber mediado se ha adjudicado a las empresas para las que supuestamente habría pasado esa información", ha añadido el letrado, quien ha reiterado que no ha habido información privilegiada.

Por su parte, Cristina Ruiz Galbe, abogada del exconcejal Becerril, ha sido critica ante el mantenimiento de los delitos por parte del misterio público y ha señalado: "se trata de mantenerla y no enmendarla" y de justificar cinco años de instrucción.

El ministerio público expondrá mañana sus conclusiones definitivas en este caso, en el que, además de los 4 años de cárcel, pidió inicialmente para Becerril 16 años de inhabilitación para empleo y cargo público y el pago de 390.000 euros de multa por estos hechos.

Según la Fiscalía, el exconcejal, que fue vicepresidente de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda SLU, suministró información personalizada sobre unas obras dependientes de su departamento al empresario Carmelo Aured, concretamente de la ejecución de 96 viviendas, 147 garajes, locales y trasteros del barrio de Torrero a, antes de que fueran aprobadas por su Consejo de Administración.

Además, mantiene que Becerril dio información personalizada a su amigo sobre varias obras de pavimentación y renovación de servicios así como de las condiciones de la contratación de la ejecución de obras del Fondo Estatal de Inversión Local que se iban a desarrollar en el municipio.

Según el escrito de acusación, Becerril obtuvo presuntamente ingresos por 20.370 euros entre 2008 y 2010 provenientes de esta labor de intermediación, incompatible con su cargo de concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y con el interés público que representaba.

Por otro lado, el fiscal acusa al exconcejal de pagar 16.110 euros, desde más de 20 cuentas corrientes en las que aparece como titular único, en concepto de cuotas de presuntos afiliados al PSOE por la agrupación de Garrapinillos, personas que desconocían estar afiliadas al partido y que ni la consintieron ni entregaron cantidad alguna para hacer los pagos.