El Fiscal pide cuatro años de cárcel para el que fuera edil de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Becerril, por delitos de tráfico de influencias, abuso en el ejercicio de su función, cohecho y blanqueo de capitales, supuestamente cometidos entre 2008 y 2009.
Además, pide dieciséis años de inhabilitación para empleo y cargo público y el pago de 390.000 euros de multa por estos hechos que serán juzgados, con jurado popular, a partir del próximo 17 de marzo en la Audiencia Provincial de Zaragoza, según las calificaciones previas a las que ha tenido acceso hoy EFE.
Junto a Becerril Gutiérrez -quien fuera edil del PSOE y suspendido de militancia del partido en junio de 2009-, serán juzgados por estos hechos otros dos empresarios, Carmelo Aured, amigo personal de Becerril, y Juan Carlos Esteban, constructor y amigo del anterior, acusados ambos de tráfico de influencias.
Más de noventa testigos están llamados a declarar en la Audiencia, en los diez días que se prevé que dure este juicio.
El Fiscal sostiene, en su escrito de calificaciones, que Becerril Gutiérrez, que fue también vicepresidente de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda SLU, suministró información personalizada sobre unas obras dependientes de su departamento al empresario Carmelo Aured, que era amigo suyo.
Concretamente, le acusa de haber informado de las condiciones en las que iban a salir la contratación la ejecución de 96 viviendas, 147 garajes, locales y trasteros del barrio de Torrero promovidas por la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, antes de que estas fueran aprobadas por el consejo de administración de este ente.
Aured, que se dedicaba a intermediar en la compraventa de suelo, pudo así mediar en favor de las empresas Arascón SA y EIS Aragón, siempre según el Fiscal.
Además mantiene que Becerril dio información personalizada a su amigo sobre varias obras de pavimentación y renovación de servicios así como de las condiciones de la contratación de la ejecución de obras del Fondo Estatal de Inversión Local que se iban a desarrollar en el municipio.
Según el escrito, Becerril obtuvo presuntamente ingresos por 20.370 euros entre 2008 y 2010 provenientes de esta labor de intermediación incompatible con su cargo de concejal del ayuntamiento de Zaragoza y con el interés público que representaba.
Por otro lado, el fiscal le acusa al exconcejal de pagar a través de más de 20 cuentas corrientes en las que aparece como titular único 16.110 euros en concepto de las afiliaciones al PSOE por la agrupación socialista de la pedanía zaragozana de Garrapinillos a personas que desconocían estar afiliadas al partido y que ni la consintieron ni entregaron cantidad alguna para hacer los pagos.
Siempre según la Fiscalía, de esta forma se aseguraba "su área de influencia dentro de la sección provincial del PSOE en Zaragoza".
Para los otros dos acusados, el Fiscal solicita dos años de cárcel y una multa de 300.000 euros por un delito de tráfico de influencias mientras que para Esteban reclama, por este mismo delito, 18 meses de prisión y multa de 300.000 euros.
Por su parte, las representaciones legales de los tres acusados niegan los hechos y solicitan su libre absolución.
