El ministerio fiscal solicitó ayer en la Audiencia Nacional condenas por un total de 75 años de prisión para José Ignacio Guridi por el asesinato de dos guardias civiles en el atentado cometido por la banda terrorista ETA en Sallent de Gállego (Huesca), el 20 de agosto de 2000.
Además, pidió que el acusado indemnice a los padres de los agentes asesinados, Irene Fernández Perera y José Angel de Jesús Encinas, con 300.506,05 euros, informó Efe .
En su informe, el fiscal destacó que durante el juicio había quedado probada la participación de Guridi en el atentado cometido por los terroristas mediante la colocación de una bomba lapa en los bajos del coche patrulla de los agentes, así como su relación con el comando Ttotto .
OTROS CUATRO ATENTADOS El representante de la Fiscalía explicó que el acusado, en una declaración que prestó a la Ertzaintza el 27 de febrero de 2001, reconoció su participación directa en este atentado y en otros cuatro más: el asesinato al periodista José Luis López de la Calle, la colocación de un coche-bomba en las inmediaciones de un cuartel de Guardia Civil en Agreda (Soria) y la colocación de artefactos explosivos en la discoteca Txitxarro (Guipúzcoa) y en un centro de menores de Zumárraga.
Por su parte, el abogado de la acusación particular que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo expresó su deseo de que los hechos no se volvieran a desarrollar en la España de las libertades y comentó que el tribunal debía valorar la negativa del acusado a no declarar en el juicio ya que, "según el dicho castellano, el que calla otorga".
El letrado de la acusación ejercida por el Ayuntamiento de Sallent de Gállego explicó que el objetivo de su participación en la vista consistía en dar un empuje a los pueblos que sufren atentados ya que estos hechos dificultan la convivencia.
La abogada defensora del acusado afirmó que ella conoce personalmente a su patrocinado y aseguró que él nunca hubiese hecho ninguna declaración reconociendo la autoría del atentado a no ser que ésta se hubiese realizado bajo algún tipo de amenazas, y renunció a efectuar informe ante el tribunal por deseo del acusado.
Guridi hizo uso de su derecho a prestar la última declaración en el juicio y en euskera dijo que, como ya había manifestado al inicio de la vista, no iba a participar en este juicio porque, según mantuvo, en el mismo no se reconocen los derechos de los vascos.
