Por orden. El fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, explicó ayer a los magistrados de ese tribunal que ahora apoyaba la apertura de una investigación por el drama del Yak 42 por expresa petición del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Los familiares de las víctimas reclamaron esa investigación para que se averigüe la verdad.
La fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Eduardo Fungairiño, se había negado hasta ahora a apoyar las denuncias presentadas por los familiares de las víctimas contra los responsables de la contratación del vuelo en el que fallecieron 62 militares y contra los mandos que firmaron erróneamente la autopsia de 22 de ellos.
Sin embargo, esa postura ha cambiado por orden del fiscal general del Estado, que el pasado viernes ordenó a sus subordinados en la Fiscalía que apoyaran la pretensión de las familias que reclaman esa investigación que ha sido abortada por la juez Teresa Palacios.
COMPETENCIA PARA INVESTIGAR En la vista, el fiscal Rubira explicó que existen problemas legales para asumir esa investigación, ya que la Audiencia Nacional sólo es competente para investigar los delitos cometidos por españoles en el extranjero.
Por ello, reclamó una reforma legislativa que amplíe la protección de los españoles en el extranjero como ocurre en otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia.
Por su parte, el fiscal general del Estado aseguró ayer que esos obstáculos jurídicos son "subsanables" si los documentos se realizaron en España y en Turquía, donde ocurrió el accidente.
Por ello, sostuvo que lo "importante es que exista un procedimiento abierto donde se pueda hacer una investigación profunda, pues la cuestión competencial no afecta al fondo".
El letrado Eudald Vendrell, en representación de la asociación de familias afectadas por la catástrofe aérea, pidió a los jueces que actúen con "prontitud". A su juicio, la sociedad está pendiente de la resolución de este asunto, ya que aún se pregunta cómo sucedió. Por este motivo, alegó que una cuestión técnica no puede impedir que se conozca la verdad.
COMISION POR OMISION El abogado Eudald Vendrell reiteró que las denuncias presentadas en octubre del 2003 y el pasado marzo evidencian que los anteriores responsables de Defensa cometieron una serie de irregularidades y omisiones que contribuyeron al accidente. "Tenían que haber verificado las condiciones de seguridad y no lo hicieron", apostilló.
Por ello, señaló que es un delito de comisión por omisión. Y acusó a los generales Vicente Navarro y José Antonio Beltrán --que firmaron las autopsias-- de haber cometido un presunto delito de falsedad y prevaricación.
