El fiscal y el letrado de la Seguridad Social han solicitado esta mañana en la Audiencia de Zaragoza que se impongan cinco años y seis meses a cada una de las cuatro personas acusadas de defraudar presuntamente 606.940 euros al seguro de salud mediante la creación de un "entramado ficticio de empresas" relacionadas con la construcción entre los años 2013 y 2014 en la capital aragonesa.
Miguel Pardos, abogado defensor del principal acusado, D. M., solicitará mañana, cuando está previsto que termine la vista oral, la absolución de su cliente alegando que "no hubo fraude". "Se dio una situación coyuntural que impidió que D. M. pudiera hacer frente a las cuotas de la Seguridad Social porque tenía muchos impagos", ha subrayado Pardos.
En principio, eran cinco acusados, pero uno de ellos no ha comparecido y el tribunal tomará medidas si no aparece en el curso del juicio por ser una ausencia "no justificada".
D. M., que estaba a la cabeza del grupo de empresas, cuatro en total, dio de alta en la Seguridad Social a 168 trabajadores en total, de distintos gremios, desde electricistas a soldadores y fontaneros, entre otros. "Creé esas empresas por razones de operatividad", ha afirmado el acusado, que ha precisado que "pagó muchos meses" a la Seguridad Social antes de tener "problemas de tesorería".
"Un amigo me digo que no me pasaría nada por firmar"
D. M. ha señalado, a preguntas del fiscal, que le acusa de usar testaferros en las empresas, que se valió de "personas figurativas". El objetivo era, ha dicho, "poder facturar entre las empresas" y "poder ayudar en el equilibrio de la tesorería". Ha reconocido que los que firmaban ante notario la constitución de las empresas "no tenían conocimientos".
R. J. M., hermano de D. M., ha explicado que, cuando él fue administrador, "no había deudas".
J. E. ha señalado que lo llamó un amigo que le pidió un favor, "firmar un documento" y "que no iba a pasar nada, que lo que iba a firmar no tenía importancia". "No me pagaron por ello", ha asegurado, y ha indicado que en la actualidad es barrendero tras haber sido camarero y empleado de una empresa de transporte. Ha reconocido que carece de conocimientos de contabilidad. No conocía quién era la persona para la que estaba desarrollando esa función, ha declarado.
A. R. E., otro acusado, ha manifestado asimismo que desconoce que hubiera un fraude a la Seguridad Social y que ayudó a D. M. en lo que este le encargó "por amistad", sin obtener "ningún beneficio económico" a cambio.
Informe pericial
Dos peritos han resumido un informe según el cual el principal acusado "creó una serie de empresas vinculadas" y que la "práctica" utilizada era que "una de ellas contrataba a los clientes y las otras ponían la mano de obra". Así fue, han señalado, cómo estas últimas generaron "una deuda importante con la Seguridad Social"", según se determinó en una inspección llevada a cabo que reveló supuestas irregularidades a lo largo del 2013 y hasta abril del 2014.
Era un sistema de subcontratación en que los modelos de cotización se presentaban en algunos casos, pero no se pagaban las cuotas", han indicado los peritos.
