El fiscal encargado del caso de la factura del servicio de recogida de basuras de La Muela solicitó ayer, en el escrito de conclusiones provisionales, seis años de cárcel y 24 de inhabilitación para la exalcaldesa Marisol Aured, que en la actualidad es portavoz del PP en la corporación municipal.
La ex regidora está pendiente desde hace tres meses de la sentencia de un caso de supuesta prevaricación por quedar al margen del real decreto de pago a proveedores una deuda de 1,1 millones con la compañía Aranade, por la que el ministerio público solicitó ocho años de inhabilitación.
La noticia de la nueva petición fiscal coincidió con la celebración de un pleno municipal en el que se informó a los asistentes del escrito de calificación del fiscal, según indicó Carlos Rodrigo, portavoz del PAR en la corporación de La Muela.
Según la acusación, que implica asimismo al responsable de la empresa Seul, Luis Miguel Bolea, Aured podría haber cometido los delitos del prevaricación y malversación de caudales públicos en el reconocimiento de la deuda heredada de la anterior corporación por el servicio de recogida de basuras. El exceso supuestamente pagado a la citada sociedad mercantil se cifra en 256.836 euros.
LIBRE ABSOLUCIÓN // María Jesús Sariñena, abogada defensora de la exalcaldesa, adelantó ayer que solicitará la libre absolución de su patrocinada y presentará un informe pericial en el que «se demuestra que, lejos de causar un perjuicio económico a las arcas locales», el acuerdo suscrito con Seul «reportó un ahorro de 30.000 euros al año para las mismas».
Marisol Aured ha mantenido su inocencia desde el inicio de la causa. El pasado mes de abril declaró que firmó un nuevo contrato con la empresa Seul en el 2012 con el fin de reducir la deuda heredada de la exalcaldesa Mariví Pinilla, que fue condenada a 17 años de cárcel por su implicación en un caso de corrupción.
Marisol Aured sostiene que, con el nuevo documento firmado, la deuda pasó de más de un millón a unos 700.000 euros. Sin embargo, la acusación, en la que figura el propio consistorio por decisión mayoritaria de sus componentes, argumenta que existen irregularidades, como la falta de cumplimiento de determinados requisitos legales y las discrepancias entre las sumas cobradas por la empresa y el número de viajes realizados y las toneladas transportadas.
