El fiscal solicita inicialmente dos años y medio de cárcel y el pago de una indemnización de 14 millones de euros al empresario leonés Victorino Alonso por los destrozos sufridos por la cueva de Chaves. Su calidad de principal imputado deriva del hecho de que el era el máximo responsable de la entidad que gestionaba el coto de caza, situado en plena sierra de Guara, en un paraje protegido. Las obras que afectaron al enclave prehistórico se llevaron a cabo hace casi una década, con la finalidad de habilitar un espacio para los animales que posteriormente se soltaban en la finca cinegética. En el curso de los trabajos, los restos del Neolítico sufrieron un daño irreparable.