Han pasado ya seis años de la operación llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que destapó la supuesta descapitalización de Fincas Atlanta, una de las principales inmobiliarias de Zaragoza, y el juicio sigue sin celebrarse. Estaba previsto que comenzara el viernes de esta próxima semana, pero la vista oral ha sido aplazada al 9 de mayo. La causa es que la Fiscalía y los once encausados están tratando de llegar a acuerdos. El presunto fraude superaría los 45 millones de euros.
Al parecer, según fuentes judiciales consultadas, las partes (13 acusados, dos de ellos empresas, 89 responsables civiles y 23 acusaciones particulares, incluidos algunos acusados y las administraciones y bancos acreedores) necesitan más tiempo para negociar, puesto que la idea es que lo hagan todos y que no quede ningún fleco suelto como en otros grandes casos como Plaza o La Muela.
En el procedimiento, Fiscalía pide 16 años y medio de prisión para Eduardo Lacasta Lanaspa, dirigente del emporio inmobiliario, por seis delitos (estafa, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible e integración en grupo criminal). Para el resto de supuestos cómplices y testaferros, la petición oscila entre cuatro y siete años.
Según las conclusiones provisionales del ministerio público, Lacasta, en cooperación con los otros diez procesados (testaferros, administradores, contable y director financiero), creó un entramado de compañías bajo el paraguas de Fincas Atlanta entre las que figuraban empresas patrimoniales (para el alquiler de viviendas y el aval de otras operaciones); empresas promotoras (para la construcción y venta de pisos) y empresas de servicios, subcontratas de las anteriores.
Todas ellas, directamente o por personas interpuestas, le tenían a él como administrador y actuaban con unidad de caja y con los mismos empleados, que iban pasando de una a otra, pese a que sobre el papel tuviesen distintas contabilidades.
Con este grupo y en diversas variantes (no construir las casas pagadas y no devolver el dinero, usar cheques sin fondos, dejar sin pagar pedidos y servicios, edificar sin licencias, etc.) fueron generando el agujero de 50 millones que los afectados no podían recuperar, puesto que el capital y los bienes embargables iban pasando de una sociedad a otra.
RED DE EMPRESAS
Hasta el momento de la detención de Eduardo Lacasta, en mayo del 2013, dirigía un entramado de cerca de medio centenar de empresas interrelacionadas entre ellas y la mayoría de las cuales comparten sede -en la calle Josefa Amar y Borbón de Zaragoza-, equipo contable, dirección y proveedores. Operan como grupo bajo la marca Fincas Atlanta.
La investigación del Grupo de Blanqueo se centró en las presuntas operaciones de descapitalización efectuadas entre el 2008 y el 2011 en cuatro sociedades de ese entramado -Gestión Colectiva 2000, Conavinsa, Xarda Tres y Sendai Veinte- que terminaron entrando en concurso de acreedores.
La Policía destacó que las ventas entre empresas del Grupo Fincas Atlanta en los últimos cinco años alcanzaron un valor conjunto de 29,5 millones de euros. A esa cifra se le añadieron episodios de dación en pago por otros 17 millones de euros. Y eso que algunas transacciones fueron anuladas. En algunos casos, esas transacciones eran formalizadas por un 30% del valor teórico del inmueble, y no siempre la vendedora ingresaba ese precio en sus cuentas. Por el contrario, según pone de manifiesto el informe de la Administración Concursal de Gestión Colectiva 2000, con cierta frecuencia la sociedad que se deshacía de la propiedad mantenía la obligación de saldar la hipoteca con la entidad financiera que había concedido la financiación.
