La Fiscalía también considera que Italia puede aportar información relevante para la investigación de los crímenes cometidos por Norbert Feher, alias Igor el Ruso, en Andorra. El ministerio público se adhiere al recurso presentado por las familias contra la denegación de la jueza, que no consideró estos datos importantes porque son ajenos al objeto de su investigación, que se centra en lo que sucedió en el partido judicial de Alcañiz.

Fue la Guardia Civil quien solicitó, a través de un oficio a la jueza, una comisión rogatoria al país transalpino para que este informase, entre otras cosas, de los avisos que había dado a España sobre la posible presencia de Igor el Ruso en el país, cómplices conocidos y otros datos, más allá de la orden europea de detención cursada por los asesinatos cometidos allí.

La instructora denegó la prueba, pero su decisión fue recurrida por varias de las acusaciones particulares, que sí veían interés en el asunto. Algunas hicieron la salvedad de que la parte de la investigación que sigue bajo secreto -la llamada pieza tecnológica, del análisis del teléfono móvil y la tableta electrónica que llevaba- puede contener esta información, pero en cualquier caso lo apoyaron. Y ahora el ministerio público también lo hace.

La Fiscalía, según refleja en su escrito, cree que «todos los puntos solicitados por la Policía Judicial de Alcañiz son de utilidad y tienen vinculación directa con la investigación penal». Considera que la información servirá para «coordinar las actuaciones que ya se han realizado y poder reconstruir los movimientos y relaciones del investigado en España».

INFORMACIÓN

El ministerio público apunta que Italia puede ampliar información «sobre las armas que portaba el investigado en el momento de su detención (la Beretta y la Smith & Wesson utilizadas en el asesinato del ganadero José Luis Iranzo y de los guardias civiles Víctor Romero y Víctor Caballero) y de la que se ha localizado con posterioridad», encasquillada, en un supuesto refugio de Feher en un corral.

También podrían informar del perfil criminal y modus operandi, así como sus posibles bienes y recursos para abonar la responsabilidad civil.