Fiscalía y defensas tratan de buscar un acuerdo para evitar la celebración del juicio que debe celebrarse mañana en la Audiencia de Huesca contra el exalcalde de Grañén Juan Antonio R.L. y otras tres personas por presunta falsificación de documentos para conseguir el cobro de subvenciones por obras.

Según han informado fuentes vinculadas a las defensas de los acusados, el principio de acuerdo rechaza acusar al exresponsable municipal de falsificación y plantea una condena menor de varios meses de multa y de inhabilitación por un presunto delito de imprudencia en la gestión municipal.

En su escrito de calificación provisional, el fiscal solicita para el edil 3 años de prisión por presunta falsedad documental, condena que también reclama para el secretario interventor del consistorio, Ambrosio C.L., y el ingeniero municipal encargado del proyecto, Eduardo G.S.

La acusación pública solicita, además, otra condena de 2 años y 6 meses de prisión para el adjudicatario de las obras, David E.R.

Según la Fiscalía, los cuatro acusados se pusieron de acuerdo para solicitar las subvenciones a pesar de conocer que en su petición de apoyo financiero para las obras "no se ajustaban a la realidad".

Los hechos tienen su origen en un acuerdo plenario de 30 de diciembre de 2008 por el que se acordó solicitar la inclusión en el Fondo de Inversión Local de dos proyectos de plantación en las carreteras de Fraella y Huesca, presupuestados, respectivamente, en 7.048 y 47.227 euros, y otro de construcción de un aparcamiento en el cementerio de la localidad valorado en 5.448 euros.

El exalcalde resolvió, mediante decreto firmado el 5 de febrero de 2009, contratar con cargo al referido fondo estatal los tres proyectos, todos encargados y realizados por el ingeniero técnico denunciado.

La junta de gobierno local acordó un día más tarde adjudicar las obras al contratista acusado en relación a estos hechos.

Finalizadas las obras, el responsable municipal procedió, también mediante decreto, a aprobar las actas de finalización de las obras y las facturas correspondientes a los gastos acordados en el contrato, así como a remitir a la Administración central los documentos justificativos de la inversión, que certificó el ingeniero local.

En su escrito, el ministerio público no valora la posible existencia de un intento de enriquecimiento ilegítimo, pero responsabiliza sin embargo a los acusados de llevar a cabo un presunto fraude en el expediente administrativo a fin de poder llevar a cabo unas obras consideradas beneficiosas para el pueblo.

Dichas fuentes han asegurado que la ausencia de pruebas que acrediten un intento de enriquecimiento evidencian que el asunto carece de relevancia penal y que debería haberse resuelto por otras vías.