La Fiscalía ha elevado de dos a cuatro años y seis meses la petición de pena para el exalcalde y el exsecretario del Ayuntamiento de Mallém. Antonio Asín y Pedro Ruela, que fueron juzgados por la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza por la presunta comisión de un delito de falsedad continuada. Según el ministerio público, ambos, actuando en calidad de funcionarios públicos, falsearon las actas de la Sociedad Urbanística Munuicipal (SUM) de la localidad durante cinco ejercicios, entre el 2007 y el 2011. Las supuestas irregularidades fueron de tipo formal y no afectaron a las cuantías reflejadas en las cuentas de la entidad mercantil. que es de carácter municipal y se halla en proceso de concurso de acreedores, con una deuda superior a los tres millones de euros.

Sin embargo, los acusados han atribuido las irregularidades en actas, certificaciones y reuniones a "errores" involuntarios que fueron subsanados y que no entrañaron "la alteración de ningún número". Asimismo, han indicado que firmaban en unos documentos que eran tramitados por las gestorías del ayuntamiento, por lo que los fallos podían deberse a ciertos "automatismos" en los que incurrían al no ser expertos en Derecho mercantil.

El acusado particular José María Viladés intervino en nombre del Partido Popular en Mallén, que denunció los hechos, y se adhirió a la petición fiscal. El letrado ha subrayado que, en varias ocasiones, no se celebraron las juntas generales necesarias para la aprobación de las actas de la sociedad municiapal, "pese a estar certificadas por el presidente del consejo de administración", cargo ejercido por el alcalde, "y el secretario".

No obstante, el abogado defensor, Enrique Trebolle, que ha pedido la absolución, ha considerado que la elevación de la pena carece de base en jurisprudencia y genera indefensión. "¿Se agravan las penas para buscar un culpable a cualquier precio?", ha preguntado. El letrado ha asegurado que los fallos formales, algunos de los cuales "han prescrito" desde su punto de vista, fueron debidamente subsanados. Además, ha argumentado que había "una falta de potencialidad lesiva de terceros", como lo demuestra que "no haya habido reclamaciones".