La Fiscalía Provincial de Zaragoza investiga el posible ingreso forzoso de una anciana en un geriátrico de la capital aragonesa. Unas diligencias que ha abierto, después de que el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, recibiera una queja en la que exponía una serie de hechos que pueden ser constitutivos de delito y que el nuevo titular de esta institución ha preferido ponerlo en mano del ministerio público.

La entrada del caso tuvo lugar, según fuentes del Justiciazgo, el pasado 18 de mayo. Una persona del entorno de la anciana afirmaba que una amiga suya había sido internada en una residencia del barrio zaragozano de Casablanca «sin su consentimiento y sin autorización judicial».

También aseguraba esta mujer que la afectada, que tiene más de 80 años, «ha empezado a perder sus facultades mentales, pero no hasta el extremo de olvidarse de quién es o de dónde vive». Según la queja, los sobrinos de la anciana la han llevado «engañada» a la residencia y ella «se quiere ir a su casa». «No se da cuenta de que está en una residencia y hay días en los que piensa que está en un hospital», apuntaba esta mujer.

Esta queja remitida al Justicia de Aragón es una de las primeras que la institución deriva al Ministerio Fiscal desde la llegada de Ángel Dolado como Ombudsman. Una forma de actuar que anunció el propio Dolado en aras a uno de sus objetivos: la atención al ciudadano. Dolado, antes de ser Justicia, fue decano de los jueces de Zaragoza y juez de familia.

En el Derecho español, no existe una regulación del supuesto, cada vez más frecuente, del internamiento involuntario de ancianos en centros geriátricos, sin duda. No obstante, los juristas señalan que podría circunscribirse en un delito de detención ilegal. El Código Penal establece penas de prisión de cuatro a seis años por este delito.