Fiscalía mantuvo ayer, en la conclusión de los cinco días de juicio por el incendio de la residencia Santa Fe de Zaragoza, los cargos de homicidio, lesiones e incendio por los que solicita para María del Carmen Alejandre 62 años y tres meses de prisión. Una petición de cárcel por un crimen «muy grave, contra gente especialmente vulnerable, indefensa», expuso la fiscala, a cuya valoración se adhirieron el resto de las acusaciones particulares.

Fiscalía enumeró los «indicios» que le llevan a mantener que Alejandre fue la autora del incendio. Entre ellos, que era la única despierta, con la cuidadora y otra residente, la noche del 11 de julio del 2015, cuando se desató el fuego después de que subiera a su habitación. El resto de residentes de las plantas de arriba o estaban atados a la cama o en sus habitaciones con la puerta cerrada. Y la mujer, además de tener historial penal violento, estaba enfadada porque no quería estar en la residencia, amenazaba con hacer «algo gordo», y había discutido con su hijo aquel día.

El ministerio público y las acusaciones resaltaron el carácter frío de la mujer, después del crimen, que no ayudó a nadie y se sentó en un columpio. Para la defensa, que pide la absolución, el relato es obviamente diferente. La abogada resaltó que no hay prueba directa (nadie la vio quemar el colchón) y trató de desmontar todos los indicios. Por ejemplo, el historial violento se reduce a una herida de «dos centímetros» en el brazo de su marido «con un cuchillo de mantequilla»; y aun así, resaltó, la mujer reconoció entonces que quería matarle, cosa que no ha hecho en este caso, señaló.

La letrada recordó que el hijo dijo que no discutieron, de hecho hablaron de su próximo cambio de residencia, con lo que no tendría sentido la quema. Y señaló que había residentes que sí podían moverse en las plantas. Recordó a los miembros del jurado que, desde el lunes, deliberarán sobre el caso, que en materia penal hay que tener certezas, y defendió que incluso si creyeran que prendió el fuego, sin intención de matar no habría delito de homicidio. Tres de las acusaciones mantienen que la DGA también debería indemnizar, por haber revisado el recinto sin tomar medidas.