La Fiscalía solicita seis años de cárcel, diez de inhabilitación y una multa de 6.480 euros para el alcalde de Manchones, Jesús Pardillos, al que imputa un delito de prevaricación, otro de tráfico de influencias y uno más de falsedad documental por las maniobras que presuntamente efectuó para impedir a una empresa local que ampliara una granja y por beneficiar, ante una situación similar, a la firma de su cuñada. El ministerio público reclama siete años de inhabilitación para el concejal Florentín Hernández por prevaricación y cuatro de prisión para el secretario, Javier Ayala, por falsedad.

El denunciante, por su parte, reclama para Pardillos ocho años de prisión, 22 de inhabilitación y 75.920 euros de multa, mientras que solicita ocho años y medio de prohibición para ejercer cargos públicos para el concejal y seis años de cárcel, diez de inhabilitación y la misma sanción económica que para el alcalde, además de una indemnización de 218.392 euros que deberían pagar los tres en caso de ser condenados por la Audiencia Provincial, que los juzgará próximamente.

Según las acusaciones, Pardillos mantenía "una relación de enemistad manifiesta" con los dueños de la empresa que le llevó a instar al pleno a suspender el otorgamiento de licencias de obra en suelo no urbanizable alegando razones de planeamiento urbanístico. Esa decisión hizo que el consistorio tuviera que devolver una subvención a la DGA.

Tras ganar la empresa un recurso contencioso contra la denegación de la licencia, el alcalde, que según las acusaciones siempre tuvo el apoyo de Hernández en este asunto, resolvió no concedérsela.

Entre una y otra decisión, el alcalde autorizó la construcción en suelo urbanizable de un campo de paintball promovido por la compañera de su hermano.

La Fiscalía acusa a Pardillos y Ayala de elaborar una denuncia falsa con un folio que una familiar de aquel firmó en blanco.