La fiscalía ha interpuesto recursos de reforma y de apelación ante la Audiencia de Huesca para instar la transcripción de la declaración hecha por el presunto asesino de la niña Naiara, muerta a causa de una brutal paliza por no saberse una lección escolar, y pide la suspensión de la instrucción a la espera de la resolución sobre su petición.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el ministerio público rechaza la decisión de la secretaria del Juzgado de Instrucción nº 1 de Jaca de no llevar a cabo la transcripción ante la existencia de una grabación que recoge la confesión del procesado, y advierte de las dificultades que podría generar su falta en el juicio.
Admite el fiscal los argumentos de la letrada de administración de justicia (secretaria) del juzgado en relación a la validez y a la fe pública judicial de las grabaciones, pero incide en la necesidad de contar con una transcripción al ser una causa con jurado popular y ante la necesidad de hacer comprensible el asunto a sus miembros.
Considera, además, que la referida transcripción le sería "precisa" para hacer valer cualquier contradicción que se produjera entre las declaraciones del acusado en el juicio y las extensas hechas en instrucción.
El ministerio público, tras advertir de que el caso podría derivar en una prisión permanente revisable por asesinato agravado, destaca que la petición no resulta "caprichosa", sino que pretende hacer valer las posibles contradicciones de manera "ágil, simple y sencilla" ante los miembros del jurado.
Al fiscal no le sirven como "excusa" los argumentos de la letrada del juzgado de tener una excesiva carga de trabajo y proponer que sea la fiscalía quien lleve a cabo la transcripción.
En relación a este punto, destaca que la carga que soporta el referido juzgado es "la misma o similar" a la de otros órganos judiciales de la provincia, y que una transcripción hecha por la fiscalía podría incurrir en un problema de nulidad al no tener el ministerio público la función de garantizar la fe judicial.
Además, destaca que las grabaciones audiovisuales de declaraciones sumariales provocan una "extraordinaria lentitud y sobreesfuerzo" en un proceso, frente la "agilidad" del acta escrita.
El fiscal se apoya en jurisprudencia de diversas audiencias provinciales para advertir de que "la rémora que suponen las grabaciones audiovisuales resulta insalvable y, además, absolutamente innecesaria".
También considera "rechazable" el argumento de que las declaraciones grabadas permiten ver los "gestos" de los procesados ya que deben ser valorados por el jurado durante la celebración del juicio oral.
Entiende, asimismo, que no sólo podría provocar "lentitud y exasperación" el hecho de que tener que buscar de forma continua en la grabación los momentos a contrastar, sino que se podría incurrir en vulneración de los derechos constitucionales del acusado.
Por esta razón, la fiscalía insta, en reforma ante el propio juzgado instructor y en apelación ante la Audiencia de Huesca, la suspensión de la instrucción a la espera de la resolución dictada en relación a la transcripción solicitada y de otros recursos aún pendientes de resolución.
