El juez Picazo, instructor del caso pagarés, no podrá cerrar aún la investigación sobre el sobrecoste millonario en la construcción de las naves de Autocity en Plaza. La Fiscalía insiste en que antes debe averiguar dónde está el dinero que presuntamente distrajeron entre el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, el constructor Agapito Iglesias, el exconsejero delegado Carlos Escó y el exdirector técnico Miguel Ángel Pérez.
Este rastreo lo pidieron las defensas y las acusaciones, incluida la acción popular a cargo de UPD. El juez lo rechazó, al considerar "imposible" hallar el dinero; pero el ministerio público le ha recordado que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a él no puede negarle la prueba si es necesaria para formalizar la acusación. El propio juez la pidió en su día a Hacienda, pero esta se declaró incompetente, y sugirió que se lo encargasen a un auditor, que es lo que se le solicita.
Picazo requirió a la Fiscalía Provincial para presentar sus conclusiones y aclarar por qué no lo había hecho aún. Pero el Fiscal Jefe, Alejandro Fernández, tras el informe de la fiscala encargada, expone que no llegó a contestar a su recurso contra la negativa a indagar. Si ahora lo hace, será la Audiencia Provincial la que decida si la prueba procede. Hasta entonces, no habrá acusación pública.
