El exalcalde de Grañén, Juan Antonio Rodríguez Laírla, se enfrentará a mediados del próximo mes de febrero en la Audiencia Provincial de Huesca a una petición fiscal de tres años de prisión por un presunto delito de falsificación de documentos públicos para conseguir el cobro de subvenciones para obras.
El ministerio público también solicita penas de tres años de cárcel por estos hechos para el secretario interventor del consistorio, Ambrosio C.L., y para el ingeniero técnico local encargado de los proyectos, Eduardo G.S., así como de dos años y seis meses al adjudicatario de las obras, David E.R.
Asimismo, el ministerio fiscal reclama la imposición de multas de 18.000 euros para el alcalde y los dos trabajadores municipales y de 10.800 para el contratista, al igual que la devolución de los casi 60.000 euros percibidos del Fondo de Inversión Local para la ejecución de tres proyectos de obras en el municipio.
En su escrito de acusación, el fiscal, que pide también cinco años de inhabilitación para el alcalde y el ingeniero y tres para el secretario, argumenta que los cuatro acusados se pusieron de acuerdo para solicitar las subvenciones a pesar de conocer que en su petición de apoyo financiero para las obras "no se ajustaban a la realidad".
Los hechos tienen su origen en el acuerdo plenario del 30 de diciembre del 2008 por el que se acordó solicitar la inclusión en el Fondo de Inversión Local de dos proyectos de plantación en las carreteras de Fraella y Huesca, presupuestados, respectivamente, en 7.048 y 47.227 euros, y otro de construcción de un aparcamiento en el cementerio de la localidad, valorado en 5.448 euros.
El exalcalde resolvió, mediante decreto firmado el 5 de febrero del 2009, contratar con cargo al referido fondo estatal los tres proyectos, todos encargados y realizados por el ingeniero técnico denunciado. La junta de Gobierno local acordó un día más tarde adjudicar las obras al contratista acusado en relación a estos hechos.
Finalizadas las obras, el responsable municipal procedió, también mediante decreto, a aprobar las actas de finalización de las obras y las facturas correspondientes a los gastos acordados en el contrato, así como a remitir a la Administración central los documentos justificativos de la inversión, que certificó el ingeniero local.
En su escrito, el ministerio público no valora la posible existencia de un intento de enriquecimiento ilegítimo, pero responsabiliza a los acusados de llevar a cabo un presunto fraude en el expediente administrativo a fin de poder llevar a cabo unas obras consideradas beneficiosas para el pueblo.
