El control y la fiscalización de la empresa que se encarga de la limpieza de las calles de Zaragoza, FCC, ha permitido al ayuntamiento ahorrarse en los últimos tres años casi 700.000 euros. El concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, explicó que con estas cifras se demostraba que la oficina de inspección que creó al poco de llegar al Gobierno tenía razón de ser, pese a que «algunos grupos la ridiculizaron», matizó.

Además de la municipalización de los servicios, Cubero ha puesto mucho empeño en fiscalizar las contratas que trabajan para el ayuntamiento, sobre todo FCC. De los 142 servicios externalizados, solo tres tenían un equipo de inspección para controlar que estaban realizando los trabajos que realmente facturaba la compañía.

Desde su llegada a la alcaldía, Cubero ha denunciado con cierte frecuencia que FCC incluía trabajos que no estaba ejecutando y que, además, no comunicaba el número de empleados que no acudían a sus puestos de trabajo, principalmente por bajas laborales. Un dato de gran relevancia teniendo en cuenta que el ayuntamiento abona a FCC 120 euros por empleado. Así que los inspectores empezaron a controlar que los informes que remitían al área de Servicios Públicos desde FCC eran correctos.

Según el concejal, en el 2016 la empresa informó de que se habían producido 881 ausencias, cifra que elevó hasta las 1.123 después de que los inspectores asegurasen que habían sido más.

En el 2017 fueron 1.848 las comunicadas, 26 casos menos de los contabilizados por inspección y en el 2018, 2.754, diez menos de los que cuantificaron los inspectores. Económicamente esto ha tenido una repercusión de 130.000 euros que el ayuntamiento no abonó a la empresa en el 2016; 230.000 en el 2017 y 330.000 en el 2018. Unas cantidades que, según el concejal, se estuvieron pagando sin control en los años previos a la llegada de ZeC al gobierno municipal.

SANCIONES

Para el conceja, que cada año la empresa se haya ajustado más a la cantidad real denota que la fiscalización era necesaria y que han «ganado la batalla a FCC». No obstante, el concejal reiteró que la mejor fiscalización posible que puede llevar a cabo un ayuntamiento es internalizar los servicios.

«Antes estos 200.000 euros anuales se los estaba embolsando Fomento, que no son precisamente gente necesitada, de manera gratuita, y salían de los bolsillos de los ciudadanos, en algunas ocasiones de personas necesitadas. Esto se ha conseguido teniendo voluntad política en inspeccionar las grandes empresas, algo que no se estaba haciendo hasta ahora», alegó.

El ayuntamiento ha interpuesto seis sanciones diferentes por este motivo, FCC recurrió pero los tribunales fallaron a favor del consistorio, destacó Cubero que, como acostumbra, cargó contra la empresa.

«Ha sido una batalla que sabíamos que ganaríamos y que este año está dando sus frutos», aseguró el concejal, que admitió que la oficina de inspección tendría que estar dotada con más personal para poder controlar todas las contratas. Actualmente tiene diez trabajadores.

Cubero recordó que no es el único problema que el ayuntamiento ha tenido con FCC porque algo parecido sucedió en los parques y jardines, cuando, según denunció, se facturaron trabajos que no se habían realizado y no se cubrían las vacaciones, afectando directamente a la prestación del servicio.

El ayuntamiento lleva desde el pasado mes de agosto sin pagar a la empresa de FCC Parques y Jardines porque no ha enviado las certificaciones detalladas que le exigen.