Los grupos políticos reconocieron ayer en las Cortes cierta pobreza en las conclusiones de la comisión de investigación del accidente de la brigada helitransportada de Alcorisa, pero coincidieron en que se ha hecho «todo lo posible» con los medios y capacidades disponibles.
Alegaron que entidades fundamentales para alcanzar conclusiones, como el Ministerio de Fomento, la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) o la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos de Aviación Civil (Ciaiac), rechazaron comparecer ante la comisión, porque la ley no les obliga. De hecho, una de las conclusiones del dictamen es pedir una modificación de la legislación para dar más poder a estos órganos, y también incluye una queja por la falta de colaboración de esos órganos.
Las recomendaciones incluyen modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que no sea posible archivar la investigación judicial de estos incidentes hasta que no haya un informe definitivo de Fomento. O que la DGA y Sarga mejoren su coordinación con la empresa que presta el servicio de extinción de incendios.
Todos los grupos lamentaron no haber podido alcanzar unas conclusiones más precisas, pero coincidieron en que han hecho todo lo posible, y por eso dieron el visto bueno al dictamen.
Pero Podemos e IU se abstuvieron, aun estando de acuerdo, al haberles pedido las familias de las víctimas -que no acudieron en señal de protesta- que volviesen a intentarlo la legislatura que viene. Ante esta contradicción, la diputada Berta Zapater, del PAR, afeó a la presidenta de la comisión, Marta Prades, que les hubiera dejado «en la estacada» al abstenerse.
