El Gobierno PP-Cs en Zaragoza tiene hasta el próximo 13 de septiembre para decidir si se suma o no al Fondo de Impulso estatal con el que, durante los últimos años, ha estado financiando el pago de sentencias condenatorias. El Ministerio de Hacienda abrió el plazo anteayer y, según los cálculos que hizo la capital aragonesa hace unos meses, este año se podrían pedir un máximo de 27 millones de euros. Su inscripción a esta línea de crédito pública parece casi segura pero la responsable de las finanzas, María Navarro, dijo tener que valorar la cuantía.
