"Dado que no presenta signos ni síntomas de padecer alcoholismo, y considerando el tiempo transcurrido y su negativa a reconocer su participación en los hechos es imposible valorar su imputabilidad en el momento de los mismos". Los forenses del IMLA (Instituto de Medicina Legal de Aragón) han descartado que Miguel Ángel M. M., a quien las acusaciones del crimen de Cadrete señalan --según el caso-- como autor de la muerte y/o el posterior descuartizamiento de Vanessa Barrado, padezca un trastorno de la personalidad y concluyen que hoy sería "completamente imputable", aunque no pueden determinar si lo sería cuando, a finales de junio del 2012, la joven fue degollada y su cuerpo troceado.

Los facultativos también descartan que Miguel Ángel padezca alcoholismo y solo admiten "la posibilidad de consumos abusivos puntuales de alcohol" a pesar de que él "manifiesta consumo exagerado de whisky cuando sucedieron los hechos".

La determinación de su imputabilidad y de la posible influencia del alcohol en su mente en las fechas en las que tuvo lugar el crimen resultan fundamentales para determinar la condena a la que se enfrentaría si el jurado popular que dirimirá el caso le declara culpable de algún delito, ya que eso le supondría una rebaja de la condena e, incluso, una absolución formal en la que la pena sería sustituida por una medida de seguridad.

Miguel Ángel M. M. siempre ha negado que participara tanto en la muerte de su cuñada Vanessa Barrado --fue degollada con tal fuerza que sufrió una lesión en la parte anterior de una de sus cervicales-- como en el posterior descuartizamiento de su cadáver, un asunto por el que dentro de unos meses se sentarán en el banquillo tres de sus hermanos: Cristóbal, a quien la Fiscalía señala como el presunto autor material del crimen; Manolo, que estaba en la casa cuando ocurrieron los hechos pero asegura que no oyó nada, y Jéssica, imputada por haber vendido por orden del primero varias joyas de la víctima. Los cuatro mantienen que son inocentes.

Por otro lado, el magistrado del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Zaragoza, José Luis Martínez, ha autorizado que una psicóloga del IMLA apoye a la inicialmente designada para valorar si Manuel M. M. padece o no una sordera que le habría impedido oír los desgarradores gritos que, según los vecinos, emitió la víctima.