Jordi Milián recibió por la espalda un disparo a quemarropa --a cinco centímetros de su cuerpo-- que le atravesó el abdomen y le destrozó los intestinos antes de ser ejecutado, mientras agonizaba tendido en el suelo, con un tiro en el pómulo que el asesino le descerrajó a una distancia de entre medio y dos metros.
Los forenses del IMLA (Instituto Aragonés de Medicina Legal) que practicaron la autopsia a Milián describieron una ejecución en toda regla al exponer ayer, en la tercera sesión del juicio con jurado que celebra la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza por el crimen de Mequinenza, los resultados de su estudio.
César Molina, el acusado, les miraba fijamente desde el banquillo, mientras desgranaban las conclusiones de su trabajo.
La Fiscalía elevó ayer, al concluir la fase de prueba de la vista oral, a veinte años y cinco meses de prisión la petición de condena para Molina: 18 por asesinato, dos por tenencia ilícita de un arma que había sido manipulada --nunca fue hallada-- y cinco meses por un delito contra la seguridad vial. Los padres de la víctima, en cuyo nombre ejerce la acusación particular el abogado José María Viladés, reclaman 21 --veinte por el crimen y uno por el arma--, mientras que la defensa solicita la absolución.
En su alegato, Molina insistió en defender su inocencia, atribuyó la muerte de Milián a una imprudencia --sostiene que los disparos se produjeron durante un forcejeo-- y llegó a acusar al representante del ministerio público de mentir y de haber llegado a proponer a su letrada un pacto para rebajar la solicitud de condena a cambio de que entregara el arma. El fiscal, por alusiones, tomó la palabra en un turno extraordinario para rechazar las palabras del acusado.
Los forenses descartaron que se hubiera producido un forcejeo entre la víctima y su atacante, ya que el cadáver del primero no presentaba "ninguna lesión de defensa". Añadieron que Molina era consciente de sus actos.
