El convenio firmado entre el Gobierno aragonés y la empresa Cemex preveía la incineración de 7.000 toneladas al año a cambio de una remuneración por parte de la Administración. Este acuerdo respondía al modelo acuñado por el Ministerio de Agricultura tras la crisis de las vacas locas y la prohibición de Bruselas de alimentar animales de producción con estos restos. La factoría de Morata pertenece al grupo Valenciana de Cementos que a su vez depende de la multinacional mexicana Cemex.
