El Gobierno de Zaragoza tendrá que pensar otra alternativa para poder hacer un operación baldosas que sustituya la propuesta inicial que le tumbó el Tribunal Administrativos de Contratos al considerarla ilegal. El concejal de Economía, Fernando Rivarés, llevó a la comisión de su área la modificación de crédito necesaria para poder llevar a cabo el plan b diseñado por Urbanismo. Rivarés se topó con un PP, PSOE y C’s desconfiado que manifestaron su desacuerdo. Y como Rivarés era consciente de que no iba a sumar los apoyos suficientes, ofreció la posibilidad de votar la retirada de este expediente para repensarlo antes de volver a someterlo al referendo.
La propuesta pasaba por aprobar una modificación de crédito para poder fragmentar la partida de este año presupuestada para la operación baldosas, 1,5 millones, a pequeñas actuaciones en los distritos: 840.000 euros se destinaría a las acercas y 300.000 a las calzadas. El Gobierno pretendía destinar 60.000 euros a cada uno de los 14 distritos y que fueran las juntas municipales las que decidieran dónde invertirlas.
A las formaciones no les convencía el formato de los contratos menores ya que, según acusaron a Rivarés, pretende asignar a «dedo» las obras que se puedan desarrollar ya que no tienen que salir a licitación.
