El coronavirus ha trastocado por completo la actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). A las actuaciones ordinarias de control y detección del fraude laboral se han sumado otras relacionadas con el covid-19, poniendo la lupa en quienes se aprovechan de la situación para sacar réditos. Es el caso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), ha propuesto 66 infracciones en Aragón por un importe total 468.021 euros. En estas irregularidades se han visto afectados 166 trabajadores.
La cifra de fraudes es pequeña en relación a las 2.208 inspecciones realizadas en la comunidad —hay otras 523 en curso— a este tipo de ajustes laborales, según los datos facilitados a este diario por la ITSS. Cabe recordar que el Ejecutivo autonómico ha tramitado más de 15.000 suspensiones de empleo por la pandemia en los que se han visto implicados 124.071 trabajadores. De total de infracciones, la mayor parte (61) tienen que ver con incumplimientos en materia de Seguridad Social, que han acarrearon sanciones que ascienden a 463.021 euros y afectan a 133 trabajadores. Otros tres casos son por infringir normas de relaciones laborales, con multas de 5.000 euros y 12 empleados afectados.
En el control de los ERTE, la autoridad laboral ha abierto expedientes para liquidar 22.317,66 euros por cuotas impagadas a la Seguridad Social. También ha emitido 15 requerimientos para exigir el cumplimiento de normas o subsanar deficiencias en los expedientes de empleo. Esta campaña de inspecciones ha permitido además tramitar ochos altas en la Seguridad Social y una baja, así como transformar en indefinidos 40 contratos temporales.
RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS
El otro frente de acción de la Inspección de Trabajo que se ha visto alterado por el covid-19 son las campañas agrícolas. La conocida como Policía laboral ha concluido hasta el momento 135 inspecciones —28 en las últimas tres semanas— en el campo aragonés y tiene iniciadas otras 27. En total, han propuesto 61 sanciones, con 477 trabajadores afectados, por un importe de 238.192,57 euros.
A las habituales actuaciones para vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de Seguridad Social y de prevención de riesgos en las actividades agrícolas de temporada se han sumado este año inspecciones específicas para comprobar el cumplimento de las medidas relacionados con la prevención del coronavirus. Por esta última materia, Trabajo ha emitido 20 advertencias y requerimientos por obligaciones de salud pública.
HABILITACIÓN PARA VIGILAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR EL COVID-19
Es un hecho que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha actuado desde el inicio de la pandemia en la vigilancia del cumplimiento de las distintas recomendaciones y pautas para evitar y contener el contagio del covid-19. Cuando detectaba un incumplimiento de este tipo en los centros de trabajo, lo comunicaba a las autoridades sanitarias al carecer de competencias para sancionar en esta materia. Sin embargo, esto ha cambiado y desde el 8 de julio este organismo ha sido habilitado por el Gobierno para vigilar y exigir de manera directa que se cumplan las normas preventivas frente al coronavirus, lo que incluye la capacidad para sancionar si procede.
No obstante, las cuestiones en las que puede actuar se limitan a hacer cumplir las medidas de ventilación, limpieza y desinfección de los centros de trabajo, la disponibilidad de jabón o geles desinfectantes, el mantenimiento de una distancia de seguridad de 1,5 metros y que no haya una coincidencia masiva de trabajadores.
