Tres horas y media duró este lunes el consejo de alcaldes que se celebró entre los representantes de los barrios rurales de Zaragoza, algunos miembros de la corporación y los concejales de Participación, Javier Rodrigo, y la delegada de barrios rurales, Paloma Espinosa. El asunto principal de la reunión fue el convenio con la DPZ que anuló el ayuntamiento ante la previsión que no iba a poder acometer todos los trabajos que en él se recogían, lo cual lleva semanas siendo criticado por los principales partidos de la oposición en el consistorio. Y el resultado fue muy diferente dependiendo de quien dé la respuesta.

El PSOE es el partido que más alcaldías posee, seis de las 14 existentes. El socialista Mariano Blasco, alcalde rural de Garrapinillos, no ocultó su desazón tras el encuentro, pues lamentó que la postura de PP y Cs no se ha movido nada y que siguen «enrocados» en «echar la culpa a otros» y no actuar. Acusa al actual ayuntamiento de desinterés: «Dicen que el convenio se anuló, entre otras cuestiones, por el sobrecoste de cinco millones en las obras. Pero muchas de ellas ni se llegaron a a proyectar, por lo que no entiendo como pueden dar esa cifra», dijo Blasco. «Si ha habido problemas con el convenio nos tendrían que haber reunido mucho antes, y no ahora», concluyó.

Por su parte, desde ZeC, que controla La Cartuja y Peñaflor, se criticó también que el equipo de Azcón haya desoído las peticiones de los barrios rurales para poder realizar actividades de ocio este verano de forma segura y evitar que los jóvenes se desplacen hasta Zaragoza, lo que incrementa el riesgo de contagio.

A pesar de las acusaciones, Rodrigo aseguró que confía en que en septiembre, cuando se reunirán DPZ y Ayuntamiento de Zaragoza, la situación se reconduzca, puesto que «la intención de todos es acometer todas las obras que se pueda». Acusa a la DPZ de no haber respondido a la propuesta que lanzó hace meses y niega el desinterés del equipo de PP y Cs.