La abogada del funcionario de la Delegación del Gobierno de Aragón imputado por liderar una red que regularizaba inmigrantes, Constanza Dufol, ha pedido el archivo del caso. Entiende que Joaquín María P. A. ha dado suficientes explicaciones para que el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza, Alfonso Tello, dicte un auto de sobreseimiento.

Dufol destaca especialmente el informe realizado por la Oficina de Extranjería de Aragón que rebajó a cuatro expedientes las supuestas irregularidades cometidas por este trabajador público, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. Frente a este documento está la investigación que motivó la detención de este y de Karima M., Youseff B., Abdelkrim A. y Khalid M. L. que les hace responsables de 19 nacionalizaciones ilegales.

Con respecto a los cuatro, esta letrada mantiene que Joaquín María P. A. no intervino en la instrucción o que pudieron existir errores de valoración. Junto a esta abogada, otras defensas, como Celia Gil Lagunas o Ana Herrando, también lo solicitaron.

Frente a estas posiciones está la investigación de la Guardia Civil que no tiene dudas de que el brazo ejecutor de dichas nacionalizaciones era Joaquín María P. A., pero que necesitaba de Adelmajid S., Ahmed M., Jalal el H. y Abdesalam Z., a los que considera los encargados de conseguir inmigrantes necesitados de este tipo de trámites. Una vez captados, el funcionario les facilitaba el trabajo y les asesoraba sobre los mismos, además de resolver los recursos interpuestos sobre denegaciones. Este papeleo tenía un precio que oscilaba entre los 900 y los 3.000 euros, que posteriormente eran repartidos entre los diferentes miembros de la organización.

Una trama a la que llegó la Benemérita después de varios pinchazos telefónicos. En la gran mayoría de las llamadas, unas 14.501, hablaban de los requisitos que se necesitaban o del nerviosismo de algunos clientes.