José Luis García había mantenido reuniones no solo con el ayuntamiento calandino sino con las cooperativas agrícolas de la zona e incluso con el Gobierno de Aragón, que había llegado a declarar de interés estratégico el proyecto de la fábrica de productos cárnicos y vegetales que iba a instalar en la localidad turolense, según fuentes municipales. No en vano, la empresa iba a crear supuestamente 200 empleos directos, además de los posibles trabajos indirectos. El empresario encarcelado también aseguró que establecería un centro especial de empleo en la localidad. La inversión que el gestor anunciaba era de 40 millones de euros. Se trataba, según lo presentó, de una empresa de elaboración de productos cocinados, entre otros hortalizas a la brasa, una idea innovadora en el mercado. Pero transcurrido el tiempo en Calanda dejaron de tener noticias suyas durante dos años, y la Agencia Tributaria comenzó a indagar dónde estaba el dinero.
