La Dirección General de la Policía ya ha puesto todas las fichas en el tablero para impulsar la que será nueva sede de la Jefatura Superior de Policía en Zaragoza, tocando todas las puertas que pueden ayudar a hacerla realidad. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO, es una prioridad junto a los edificios que proyecta para Madrid y Valencia, y no descarta ninguna opción en una operación que tiene prácticamente de todo desde el punto de vista urbanístico: demoliciones, permutas, cesiones, recalificaciones para construir pisos y obras de urbanización en zonas urbanas del centro de la capital. Un mix en el que necesita la colaboración de otras dos administraciones, la DGA, que ya le ha mostrado su voluntad de contribuir a lograrlo o, al menos, de no poner trabas, y sobre todo el Ayuntamiento de Zaragoza, que no solo le ha brindado una solución sino un intercambio ventajoso para ambas partes.

El objetivo prioritario es abandonar el actual edificio ubicado en el paseo María Agustín, un inmueble que acabará siendo demolido en cualquiera de las variables que se han podido manejar en este trasiego administrativo de anteproyectos y estudios que ya dura bastantes años. La diferencia ahora es que hay voluntad de ejecutar las obras y que, para ello, ya hay dinero consignado en la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE), presidida por la también zaragozana Mercedes Gallizo. Ella ha asumido las conversaciones con el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento de Zaragoza, junto al director general de la Policía, Francisco Pardo.

Según las fuentes consultadas por este diario, a principios de año ya se pusieron en contacto con la DGA y el consistorio, pero la crisis del coronavirus obligó a aplazar la reunión que debía haberse celebrado a finales de marzo. Ahora, con el estado de alarma ya finalizado, han retomado el hilo de las negociaciones y ya tiene sobre la mesa ofertas en firme para apostar por uno de esos «dos o tres emplazamientos» que siempre se han barajado.

OFRECIMIENTO CONCRETO / Al menos tiene el ofrecimiento de un ayuntamiento que ha puesto la última pieza del puzzle para impulsar esta operación y acometer una obra que rondaba hace años los 17 millones de euros y que, en estos momentos, podría abaratarse mucho si se acomete la solución planteada desde la capital aragonesa.

El alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, ha asumido las conversaciones en primera persona (sin darle participación alguna a su responsable de Urbanismo, Víctor Serrano, de Ciudadanos) y, tras escuchar las necesidades que la Policía Nacional planteaba, le ha ofrecido suelo municipal para cerrar un acuerdo a tres bandas que incluiría, en su beneficio, la cesión total del cuartel de Mayandía al consistorio.

Su ventaja, de cara al futuro, sería la posibilidad de acometer una recalificación para hacer pisos en esa manzana colindante con los suelos de la antigua estación del Portillo y muy próxima a la actual Jefatura y la sede de la DGA. Aunque ahora, con el edificio tan deteriorado y con muchas dificultades para dar con una reutilización del mismo como equipamiento de ciudad, sin acometer una inversión millonaria con unos recursos que el consistorio no tiene, se podría entender que Zaragoza no sería la más beneficiada de este acuerdo.

Pero la visión cambiará cuando esos suelos permitan la construcción de pisos y estos puedan dedicarse a vivienda pública o, más aún, a una venta de suelo que reporte cuantiosos ingresos para las arcas municipales. Lo único que queda clara en esta operación es que no cabe la opción de trocear esa pastilla y conformar una especie de junta de compensación con el Gobierno central.

El final de la brecha // Pero el objetivo prioritario del consistorio en este acuerdo a tres bandas sería otro: conseguir desbloquear el parón que sufre la urbanización de los suelos de la antigua estación del Portillo, dar una solución definitiva a esta brecha urbana entre el centro y el barrio de Delicias y acometer la gran zona verde que haga permeable el paso entre ambos lados. Es por ello que una de las peticiones que le hizo Azcón a Gallizo en su reunión en el ayuntamiento fue la de que, a través del Ministerio del Interior, ayudase al ayuntamiento a convencer a Adif de acometer la desafectación de todos los suelos del Portillo y desatascar la urbanización de esta zona.

Este es uno de los deseos de la ciudad desde hace años, impulsar la urbanización de estos suelos de manera que se pudiera construir la gran zona verde que rodearía los inmuebles ya edificados y que, desde hace tiempo, se pensó costear con la venta de la parcela donde se plantea la construcción de 200 viviendas, un bloque de 20 plantas enfrente de Averly que es la pieza más codiciada de la spociedad Zaragoza Alta Velocidad. Esta sigue sin salir a la venta y el proyecto continúa atascado. La desafectación de los suelos permitiría al consistorio avanzar con las parcelas que le corresponden, estas que ahora ofrece a la Policía Nacional.