El informe técnico de los arquitectos municipales de Canfranc será fundamental para plantear soluciones a los 21 propietarios de las viviendas afectadas por el incendio del fin de semana. El Gobierno de Aragón ha ofrecido dos posibles soluciones, en función de si el edificio puede mantenerse en pie o ha de ser derribado completamente y también dependiendo de si los afectados eran residentes habituales o circunstanciales. Los propietarios, por su parte, han señalado la intención de constituirse en asociación de afectados, para que la Administración pueda actuar.

Estos son los principales puntos que el consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, Javier Velasco, trató ayer en la localidad canfranquesa, donde mantuvo un encuentro con el consistorio y los afectados del incendio, cuyas causas continúan sin esclarecerse. Velasco acudió al municipio jacetano acompañado por el director general de Vivienda y Rehabilitación, Julio César Tejedor, y del director provincial de Vivienda, Gabriel Claver. Por parte de los afectados, asistieron alrededor de 40 personaso.

Velasco explicó, que si el edificio puede mantenerse en pie, el propio Gobierno aragonés podría intervenir, a través de la empresa pública Suelo y Vivienda, en la reconstrucción de viviendas de protección oficial para los residentes habituales. Para los ocasionales, se plantea llegar a algún tipo de acuerdo ventajoso.

En caso de que el inmueble tenga que ser de nueva planta, la solución sería algo más compleja. "La Administración autonómica compraría el terreno del albergue afectado por el incendio, que es propiedad de los Jesuitas. En él construiría ocho viviendas protegidas, destinadas a los residentes habituales, y con el resto del inmueble haríamos una operación urbanística, ya que seguramente podrían salir más viviendas de las que había hasta ahora. Los beneficios obtenidos irían a parar al resto de afectados", comentó Velasco.

El consejero apuntó, sin embargo, que para poner en marcha cualquiera de estas posibilidades "es necesario contar con el consentimiento de los propietarios". En caso de que estos accedan a la actuación, deberán constituirse en algún tipo de entidad, en la que puedan delegar, favoreciendo además la existencia de uno o dos portavoces, en lugar de los 21 afectados. "No podemos dar una solución independiente para cada vecino", apuntó el titular aragonés de Obras Públicas.

Los afectados, que señalaron su intención de constituirse en asociación, solicitaron al consejero celeridad en la toma de decisiones, ya que "hay aseguradoras de por medio y días de trabajo ya perdidos", comentó.