Un diagnóstico certero de las causas que potencian la despoblación es la mejor manera de poder contribuir, en la medida de lo posible, a la supervivencia del medio rural.
Dos determinantes principales inciden en la sistemática pérdida de habitantes de la España interior. En primer lugar, debe destacarse el papel que desempeña el desarrollo económico. El propio crecimiento económico estimula la concentración de la población. El porqué de este proceso queda ligado, desde el punto de vista macroeconómico, a la acción conjunta de las economías de escala y las economías de aglomeración. En suma, aquellas confirman la evidencia de que, para la mayoría de los procesos productivos, la concentración de la actividad genera ganancias de eficiencia.
No por casualidad el desarrollismo de los años sesenta en nuestro país se corresponde, demográficamente, con fuertes migraciones de población -un verdadero éxodo rural-, principalmente, hacia las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. En términos generales, la rápida urbanización de la población es un fenómeno compartido a escala mundial, pues, al calor del crecimiento económico, las proyecciones apuntan a que en 2050 el 70 % de la población del planeta vivirá en ciudades.
En segundo lugar, la despoblación del medio rural también trae causa del hecho de que los ciudadanos muestran una preferencia mayor por residir en entornos urbanos. Las causas son múltiples, pero entre ellas no cabe descartar que el medio urbano disfruta, amén de significativamente mayores oportunidades laborales, de una superior oferta de amenidades y de servicios públicos que los pequeños núcleos rurales.
La trampa demográfica
Llegados a este punto, parecería que dos fuerzas centrípetas conllevan irremediablemente a la desaparición del medio rural, más allá de fiar su futuro -y tan solo para algunos municipios- al turismo de fin de semana. Ciertamente, la tendencia a la concentración de la población es un fenómeno global que, entre otros, por los argumentos antedicho, parece difícil revertir. De ahí que, antes de esbozar remedios, una posición no populista debe asumir que no todos los municipios -España cuenta con más de 8.000, pero casi la mitad tienen menos de 500 habitantes- podrán escapar de la trampa demográfica. A pesar de lo funesto de esta aseveración, no todo está perdido.
La propia existencia del debate sobre la España vacía es una buena noticia que ha logrado visibilizar la necesaria vertebración territorial de cualquier país. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria han asumido la necesidad de tomarse en serio la despoblación. Un pacto de Estado sería la mejor manera de afrontar el problema con visión de largo plazo.
¿Qué medidas debería contener? Al menos dos propuestas fundamentales tendrían que acogerse. De un lado, debería aprobarse un plan de inversiones público-privado específico para el medio rural. La inversión fomenta el empleo y, con él, la generación de un círculo virtuoso crecimiento económico-empleo-fijación de población. En todo caso, a fin de maximizar la rentabilidad de las inversiones lo que sí debería requerirse es que la selección de los proyectos de inversión se realizase con base en el criterio coste-beneficio.
De otro lado, debería concederse una mayor importancia a la densidad demográfica en el marco de los criterios que presiden el reparto de fondos en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Solo si se acepta que la distribución de la población incide de forma sustantiva en los costes de prestación de los servicios públicos puede garantizarse el acceso a los mismos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, vivan donde vivan.
Ojalá ese Pacto de Estado pueda ver la luz.
A fondo
