No hay ningún problema. Los empleados que se encargan de tramitar el Ingreso Aragonés de Inserción (IASS) tienen "muy buena voluntad" y la plantilla es suficiente para encargarse de la avalancha de solicitudes. Y si hay algún problema, es porque no se presentan en tiempo y forma todos los documentos necesarios para solicitar una prestación. Estas son las cuatro ideas que lanzó ayer la responsable del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Cristina Gavín, al preguntarle por la demora en la tramitación de estas ayudas, único sustento de muchas familias.

A 30 de noviembre del 2013 se habían solicitado 5.000 ayudas. Entonces, se habían concedido 2.426, denegado 852 y quedaban pendientes de resolver 1.800. Ante el goteo constante de críticas, la Administración, gracias al Plan Impulso, reforzó el servicio y entre noviembre y diciembre concedió 2.000 ayudas. Pareció un espejismo. Ahora, que no se cuenta con el dinero del Plan Impulso para otorgar el IAI, Gavín informó de que se están realizando reuniones para tratar de poner solución a un programa de ayuda social que acumula una demora de entre 6 y 10 meses. Pero el tiempo parece no importar.

ESTADÍSTICA La titular del IASS se apoyó en datos y estadísticas para acreditar que el sistema funciona perfectamente. En los últimos tres años el Gobierno de Aragón ha aumentado la partida que destina a estas prestaciones de los 6,5 millones de euros del 2010 a 28 millones. Añadió que alrededor de 5.700 personas son beneficiarias del IAI, 2.000 más que en el 2012. "En la historia de este gobierno nunca había habido tantas personas".

Al margen de los datos, Gavín señaló que hay personal, más que suficiente, dijo, tiene que revisar uno a uno todos los casos porque no todo el mundo puede ser beneficiario de esta prestación. Por ejemplo, "una familia que no escolariza a sus hijos no puede recibir esta ayuda". Recordó que a finales del año pasado ya se amplió el personal en las tres provincias para aligerar la acumulación de solicitudes en las tres provincias.

La responsable del instituto explicó que "son una administración pública, que trabaja junto con los ayuntamientos y las comarcas" y que, por lo tanto, deben cumplir a rajatabla todos los requisitos para acceder a cualquier tipo de prestación económica.