Nadie esperaba que la Generalitat de Cataluña cumpliese ayer el mandato judicial de enviar su plan de traslado de las 44 piezas del tesoro del monasterio de Sijena que aún descansan en el museo de Lérida. Más aun cuando anteayer anunció que no lo haría. Pero tampoco era previsible la nueva tangente judicial por la que se salió para enredar el litigio: ahora el Gobierno catalán se desvincula de la propiedad de las piezas, y remite al Consorcio del Museo de Lérida, que sería el dueño de los bienes retenidos.

Cronológicamente, la jornada sijenista de ayer comenzó en Aragón, con la comparecencia tras el Consejo de Gobierno de la consejera de Cultura Mayte Pérez, que calificó de «provocación insoportable», el que la Generalitat advirtió de su incumplimiento.

Ante esto, Pérez anunció que hoy mismo, de no llegar -como así fue- el plan catalán, presentarán un nuevo escrito a la jueza para pedir autorización para que no solo la Policía o la Guardia Civil acudan el lunes a llevarse los bienes del museo leridano, sino que les acompañen técnicos de la DGA. Querían que la jueza se pronunciase el viernes, para evitar que pase el lunes, llegue el agosto inhábil y vuelva el «limbo» de incumplimientos.

La petición de intervención policial no es nueva, más bien reiterada por la DGA y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, pero la consejera manifestó el «anhelo» de que esta vez la jueza sí que la instase.

Uno de los principales argumentos que usó la Generalitat para negarse a cumplir el mandato fue que la jueza tenía sobre la mesa dos recursos, suyo y del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), contra esta ejecución provisional de la sentencia de devolución. Provisional, en espera de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Zaragoza, desde hace año y medio.

Pues bien, la jueza envió ayer mismo la resolución, negativa, de ambos recursos.

Con la pelota en el tejado catalán, y tras su propio Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, afirmó que «no se dan los requisitos ni jurídicos ni físicos idóneos para que haya que proceder con la entrega», insistiendo en que el monasterio no está preparado para ellos, aunque lo diga la jueza.

POSESIÓN

Además, la Generalitat remitió un escrito al juzgado recordando que la Audiencia de Huesca admitió, al denegar uno de sus múltiples recursos, la personación del Consorcio del Museo de Lérida en el proceso. Lo hizo como «interviniente adhesivo simple» -no puede interponer recurso contra la sentencia, ni alegar, ni intervenir en lo ya juzgado-, y lo permitió «al resultar ser poseedor de parte de los bienes religiosos».

Los abogados de la Generalitat argumentan que esa «parte» de los bienes es precisamente la que no está devuelta, y por tanto ellos no tienen nada que devolver. Que le pregunten al Consorcio, vienen a indicar. El consejero Turull avanzó que sus representantes legales «tendrán que ejercer su defensa».

Ante este nuevo requiebro jurídico, el abogado de Villanueva de Sijena, Jorge Español, recordó que esta personación está recurrida, y explicó que cuando la audiencia habla de posesión lo hace en expresión «material», no jurídica. Es decir, que los tiene allí, como «depositario», pero la propiedad sería de la Generalitat (ahora, de la Comunidad Sanjuanista de monjas de Sijena). Recordó que tanto la Generalitat como el consorcio se exponen a un proceso por desobediencia