Los responsables municipales del Ayuntamiento de Huesca gestionaron la información respecto a las presuntas agresiones sexuales cometidas durante las fiestas de San Lorenzo de 2018 de forma acorde con la información de la que se disponía y adecuada a la naturaleza de los hechos y a las circunstancias de los casos.
Así se recoge en las conclusiones de la comisión informativa especial de investigación creada en el ayuntamiento sobre la gestión de la información aportada por el consistorio con motivo de dichos sucesos. En las mismas, facilitadas a Efe, se recuerda que las presuntas agresiones, tras la intervención de la Policía Local, quedaron bajo la investigación del Cuerpo Nacional de Policía y, una vez iniciadas las investigaciones judiciales, por el Juzgado de Instrucción en su condición de Policía Judicial.
Se advierte de que las autoridades y los funcionarios municipales están sujetos a un «deber de sigilo profesional» sobre los hechos de los que tienen conocimiento, además de que el Ayuntamiento de Huesca no es la administración competente en hechos presuntamente delictivos, que corresponde a la Administración General del Estado en la fase de investigación y al Poder Judicial en la judicial. También están sometidos al secreto y discreción como reglas de conducta.
No obstante, se reconoce en las conclusiones que el Ayuntamiento de Huesca debe trabajar en la mejora de los protocolos de comunicación y de gestión de crisis, en especial en lo referido a la comunicación interna y avanzar en protocolos de atención a las víctimas de delitos de naturaleza sexual, violencia de género y violencia contra la mujer.
Se hace hincapié en la necesidad de revisar el protocolo de la red Raellas para trabajar en la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia y las agresiones sexuales contra las mujeres, analizando la casuística habida hasta el momento de esa revisión y concretando la coordinación y actuación de las instituciones y entidades locales.
Por último, apela a la prudencia y respeto a las investigaciones policiales y la instrucción penal sobre hechos presuntamente delictivos y a trasladar a la ciudadanía la información necesaria para evitar la alarma social, pero sin interferir en las actuaciones policiales y judiciales.
