El teniente de alcalde de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, decidió ayer abrir el debate sobre la municipalización del mantenimiento de las zonas verdes, ahora externalizado a FCC, enviando los informes económicos y jurídicos que avalan que se puede hacer. Y la información llega en el momento más complicado para llevarlo a cabo. No solo por el rechazo que ha recibido en sus intentos anteriores -con las depuradoras y el servicio 010-, sino porque la disposición adicional 27 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) lo impedirían. Y porque se considera imprescindible la sociedad Ecociudad para subrogar a todo el personal, cuando hace solo una semana el alcalde, Pedro Santisteve, abogaba por su disolución y están pendientes las conclusiones de su comisión de investigación.

Cubero se centró en lo más positivo que aportan estos informes, como el ahorro de 2,8 millones de euros que supondría para las arcas municipales la gestión directa del servicio. Se tendría que licitar por 12,9 millones de euros y costaría 10,1 si fuera municipalizado. Se evitaría, dijo, «el beneficio empresarial, que hoy es del 5%, y el IVA del contrato, el 21%». Y con todos los trabajadores, 260, que pasarían a ser «personal laboral indefinido».

Sobre el veto de los PGE, el edil de Zaragoza en Común (ZeC) replicó que «es un ataque en toda regla» a la autonomía municipal y que «entre todos podemos modificarlo». «Ya veremos cómo queda al final», añadió. Le preocupa más que necesita mayoría en el pleno. Lo llevará «lo antes posible», pero pidió «sinceridad» a la oposición para que no se dilate en exceso. Antes de agosto debería haber una decisión. Y si no lo consigue saldrá a licitación.