La presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, María Teresa Gómez Latorre, mantuvo ayer un encuentro por videoconferencia con Felipe VI, una cita que se enmarcó en la ronda de contactos que el rey de España está manteniendo con representantes de la sociedad civil y representantes de los diferentes sectores económicos desde que se inició la crisis del coronavirus. La reunión, en la que también participaron otros dos miembros de este colectivo a nivel nacional, sirvió para poner en valor la labor de estos profesionales en la actual situación, que están adquiriendo una especial relevancia en la gestión de trámites esenciales para muchos ciudadanos.
En concreto, el monarca también recibió virtualmente al presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España, Fernando Santiago Ollero, y al secretario de este órgano, José Manuel Mariño Romero, mientras que la aragonesa María Pilar Gómez Latorre asistió en calidad de contadora del mismo.
Entre los trámites en los que están volcados en estos momentos los gestores administrativos por la situación excepcional generada por la pandemia destacan la solicitud de los ERTE, los ceses de actividad de autónomos y las ayudas, además de la “canalización de su experiencia y conocimiento directo de los problemas del ciudadano mediante propuestas a la Administración para fomentar la agilización de trámites y la racionalización de procesos”, según destaca el colegio profesional de Aragón en un comunicado.
Por todo ello, según resaltaron a Felipe VI, se han convertido en un “canal fundamental en la búsqueda de soluciones para muchos de los problemas que afectan y preocupan actualmente a pymes, autónomos y ciudadanos en general”.
Los gestores administrativos también explicaron al rey que, desde el inicio de la crisis, antes de decretarse el estado de alarma, el consejo general de esta institución diseñó, en colaboración con los propios colegios, un plan para permitir asegurar la continuidad en el servicio que presta este colectivo a los ciudadanos, en general, y a las pymes y autónomos, en particular.
Este plan ha permitido que los colegios de gestores administrativos puedan seguir colaborando con “eficacia”, de cara a llevar a cabo los trámites esenciales, tanto con la Administración como con los clientes, gracias a mecanismos alternativos de “back-up” (respaldo) de los sistemas que permiten realizar los trámites frente a la Administración (asegurando, por ejemplo toda la operativa telemática con la DGT), se ha asegurado el mantenimiento de los sistemas y se ha ido trasladando a los gestores y ciudadanos la información y las recomendaciones oportunas.
UN PLAN DE DESESCALADA "ASUMIBLE" PARA PYMES Y AUTÓNOMOS
Una vez asegurada la continuidad de la prestación de los servicios, desde el consejo general se está intentando ejercer de correa de transmisión de las necesidades de los ciudadanos que realizan gestiones a la Administración, solicitando al Gobierno medidas para aligerar la carga que supone el pago de seguros sociales y la tramitación de los impuestos y ofreciendo sus canales, soportes, tecnología, experiencia y conocimiento a la Administración para hacer más fácil todo el proceso que se ha ido construyendo en estas semanas.
En el caso de las pymes y autónomos, los gestores administrativos abogan por un plan de desescalada “asumible". En este sentido, ha elaborado un cálculo en relación con la inversión para las nuevas medidas de seguridad que deben cumplir en su vuelta a la actividad las pymes. Así, una pequeña micro pyme de cinco empleados deberá invertir, por ejemplo, en los próximos dos meses unos 8.700 euros para poder responder a las nuevas exigencias.
