El 1 de enero de 1999 marcó un hito en la Diputación General de Aragón. La llegada de las competencias de Educación, con más de 12.000 profesores y 700 centros escolares, supuso una auténtica revolución para una Administración autonómica que hasta entonces había experimentado un crecimiento pausado, marcado por el goteo de las sucesivas transferencias. Pero fue en enero del 2002, con el traspaso de 15.000 trabajadores del antiguo Insalud, cuando la Administración autonómica alcanzó sus actuales dimensiones gigantescas. La nómina del personal público pasó de los minúsculos 200 millones de euros en 1998 a los 1.300 millones del 2004, el 33,9% del presupuesto autonómico.
En cinco años, con más de 37.000 personas en su plantilla, la DGA se ha convertido en la primera empresa prestadora de servicios públicos de Aragón, pero sin embargo no ha experimentado la necesaria reconversión interna a los nuevos tiempos. En materia de relaciones laborales domina el caos: hay tres sectores de trabajadores (docentes, sanitarios y los adscritos a la Administración general) y cuatro situaciones jurídicas (funcionarios docentes, funcionarios no docentes, laborales y estatutarios) con regulaciones laborales diferentes. En síntesis, cohabitan una maraña de situaciones laborales, y de intereses, imposibles de conciliar si no se aborda una profunda reforma organizativa del viejo modelo que coloque a la Administración autonómica ante esta nueva etapa.
Males endémicos
Para UGT, CCOO y CSI-CSIF, los sindicatos mayoritarios en la DGA, con los traspasos se han agudizado los males endémicos que afectan desde hace años a la Administración autonómica: excesiva temporalidad en el empleo público, falta de motivación del funcionario y ausencia de promoción interna. Todo ello, a juicio de las centrales sindicales, tiene su repercusión en el servicio al ciudadano.
El director general de la Función Pública, Luis Roldán, admite que la situación laboral es la DGA "es muy compleja". "No hay ninguna empresa del ámbito privado que tenga la complejidad de nuestra Administración", apunta. Roldán reconoce que uno de los grandes problemas es el de la falta de motivación del funcionario. "Ese es un tema que no está resuelto en ninguna administración", recalca. Pero también subraya que la principal ventaja del empleado público es, precisamente, su seguridad laboral. "El empleo público tiene una garantía que es la estabilidad laboral, pase lo que pase, venga el Gobierno que venga. Cuando la gente se presenta a unas oposiciones, al final, todo el mundo piensa en la estabilidad en el empleo".
Respecto a la temporalidad laboral, los sindicatos la consideran "excesiva". Según sus cálculos, el porcentaje de contratos eventuales y de situaciones de interinidad supera el 20%, una cifra notablemente rebajada por la Administración, que la recorta al 9%. No obstante, Roldán considera que el objetivo debe ser no superar el 5%. "Para una misma especialidad existen varias bolsas o listas de empleo", afirma Monserrat Grau, de CSI-CSIF, para quien la solución debe pasar necesariamente por "unificar los criterios en la confección de listas de interinos".
Otro problema que afecta directamente al ciudadano es el de la excesiva ralentización de las Ofertas de Empleo Público. Hay varios ejemplos recientes: la oferta de laborales del 99-2000 se está desarrollando en estos momentos, y la correspondiente al 2003, que se aprobó en un Consejo de Gobierno de principios del ejercicio pasado, permanece en situación de bloqueo. Según las centrales sindicales, el Instituto Aragonés de Administración Pública (IAPP) carece de los medios suficientes para atender la avalancha de oposiciones. "Cuesta muchísimo gestionar la oferta de empleo", reconoce el responsable autonómico de la Función Pública, aunque matiza que "Aragón es de las pocas comunidades en la que cada año hay oferta de empleo.". Roldán confía en que la próxima informatización contribuirá a agilizar sensiblemente la selección de personal.
Los sindicatos también denuncian que en los últimos meses se ha destapado otro fenómeno: el protagonismo de las empresas públicas, una forma que, para Daniel Alastuey, de UGT, supone "la privatización de servicios que escapa a los controles que está sometida la Administración", es el caso de Inaga y Sodemasa, los dos últimos organismos públicos creados por el Consejería de Medio Ambiente. Para Julio Moreno, de CCOO, lo que ya se denomina como externalización de la Administración "ha supuesto una pérdida en la calidad del servicio y de las condiciones laborales".
¿Cuál es el futuro? Implantación progresiva de las 35 horas semanales, homologación de las condiciones de trabajo y salariales de todos los empleados públicos, cláusula de revisión salarial, fórmulas que incentiven la promoción y la carrera profesional... son medidas que se negocian ahora y cuyo principal objetivo debería ser la mejora del servicio al ciudadano.
