Al actual consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, las cuentas siempre le salen a devolver. Ahora y cuando era responsable de las finanzas del Ayuntamiento de Zaragoza, en el mandato anterior, el saldo de las deudas mutuas entre ambas instituciones siempre son a su favor. Y así lo hizo constar ayer en su paso por la comisión especial que en el consistorio se intenta analizar eso precisamente, las cantidades que una y otra se adeudan. Porque su versión es radicalmente distinta a la del consistorio, y argumentó que es la capital la que adeuda a la comunidad autónoma 7 millones de euros más de lo que él mismo le reconoce y que le pagaría a la ciudad. Que no es lo mismo que lo que esta le exige.

Su paso por el consistorio, dos años después de abandonar su cargo municipal para pasar a la DGA, se esperaba con expectación. Y se hizo corto. Al tener que marcharse a las Cortes, por sus obligaciones como consejero, tendrá que volver otro día, el próximo día 21. Pero dio buena cuenta de sus intenciones a los cinco grupos municipales, que ahora deberán analizar cómo encajar todo lo que dijo. Porque no solo evidenció las discrepancias en las cifras, también trasladó la idea de que es «posible» llegar a un acuerdo global «a toda velocidad» si acceden a «poner todas las cifras encima de la mesa», no solo las del tranvía.

SUS DATOS

Las suyas se referían, básicamente, a que el convenio del tranvía no se liquidará ni por un céntimo más de los 7,9 millones que ya le ha ofrecido, no los casi 40 que le reclama el consistorio, porque, en su opinión, es «una cuestión técnica» y los que digan los responsables de analizarlo en la DGA «va a misa». «No se puede cambiar el criterio de los técnicos», reiteró, a la vez que recordó que él no tiene competencias en esta liquidación, que fue «apartado, con buen criterio». Así que esta cifra, sumada a los 2,3 millones que sí reconoce por impuestos no impagados, y otros 2 por lo que se adeuda de la depuración que se presta a Pastriz, conforman un global de 12 millones en favor del consistorio.

Lo que nadie esperaba es que, en su balance, Gimeno incluyera que la ciudad le adeuda a la DGA 19,8 millones de euros. Según detalló, serían 2,18 millones por la construcción de la depuradora del Huerva -que da servicio también a Zaragoza-, y otros medio millón por su explotación; y los 7,07 que le reclamará igualmente, haya acuerdo global o no por las deudas mutuas, por la ejecución de la depuradora de Utebo, además de otros 10 millones por compensación de lo que debería haber aportado hasta el 2015 para estas inversiones. En total suman 19,8 millones.

Pero su objetivo, llegado a este punto, ni siquiera era reclamar esa diferencia a su favor. Que lo hará, aseguró, en cuanto la DGA empiece a cobrar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y se reordene la gestión del saneamiento con el desmantelamiento del Instituto Aragonés del Agua (IAA). Su idea, y así se lo transmitió a todos los partidos, zanjar todas las discrepancias en un pacto global. «Estamos ayundándole a que no deba nada», recalcó.

Se refería a su principal ofrecimiento para alcanzar un pacto «fácil»: que el consistorio acepte todo el suelo disponible en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR) como único pago por el 5% del aprovechamiento urbanístico de este desarrollo y, sobre todo, del de Plaza (donde no le daría nada). Asumiendo, recordó, que no tiene fundamento jurídico al que agarrarse el ayuntamiento pero sí político, explicó que las parcelas del PTR «tienen un valor catastral de 22 millones de euros y en el mercado, de 50». Zaragoza, así, «ganaría por goleada».

Más aún cuando, aseveró, el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ) pronto necesitará adquirir más suelo, este está pegado a él, y «se lo puede comprar a la DGA o al ayuntamiento» pero vale 16 millones de euros.