El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha defendido hoy mantener “tal y como está” el impuesto de Actos Jurídicos Documentados y ha considerado que el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez para que en las hipotecas lo paguen los bancos "pone orden" y es la solución menos problemática.

Para Gimeno, el Gobierno de Sánchez se ha visto obligado a dar este paso ante una situación social "insostenible" generada por una gestión del Tribunal Supremo "no muy adecuada", que ha provocado "un pollo en toda regla".

El decreto, ha agregado Gimeno en declaraciones a los medios en los pasillos de las Cortes, significa que al menos no se paraliza la actividad económica en lo que se refiere a la compraventa de viviendas de segunda mano, que es a las que fundamentalmente afecta este tipo de impuestos en los ingresos de las Comunidades.

Ha concretado, al respecto, que Aragón ha cobrado en los últimos cuatro años unos 180 millones de euros por este impuesto, aunque solo el 50 por ciento se corresponde con créditos hipotecarios y la otra mitad, al resto de actos jurídicos documentados

Para Gimeno, la buena noticia es que ya hay una solución y se “pone orden”, y con la ley hipotecaria lo que habrá que hacer es que vigilar que no haya cláusulas abusivas por parte los bancos, como obligar a quien firme un crédito hipotecario a suscribir un seguro.

"Esas son las cláusulas que habrá que discutir y que habrá que negociar", ha enfatizado Gimeno, quien no tiene “ninguna duda” de que hay que mantener el impuesto tal y como está, y en el caso de Aragón se subió del 1 al 1,5 % con algunas bonificaciones, por su importante repercusión económica para la Comunidad.

Precisamente los impuestos han centrado una interpelación a Gimeno en el pleno del portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, quien ha criticado la “desaprensiva” política fiscal del Ejecutivo y en materia social, “tramposa”.

Suárez ha incidido en que el peso de las políticas sociales en el presupuesto, a pesar de contar entre 2016 y 2018 con 1.279 millones de euros más, ha caído al 60,15 %, y en que la carga fiscal de los aragoneses está muy por encima de la media nacional en relación con la renta, y ha puesto como ejemplo que los aragoneses que perciben unos 20.000 euros son los segundos que más IRPF pagan, por detrás de catalanes.

Además, ha opinado que el Impuesto de Contaminación de las Aguas está “muy alto” comparado con otras autonomías y ante el “cachondeo” que a su juicio hay respeto a la propuesta concreta de modificación, ha emplazado a Gimeno y al titular de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, a comparecer en la comisión del ramo en las Cortes.

Sin embargo, Gimeno -quien ha mostrado su disposición a comparecer para hablar del ICA si lo decide la comisión encargada de este asunto- ha pedido un debate tributario “serio” en el que se traten tanto ingresos como gastos, porque en esta materia, y ante citas electorales, “se miente sin parar”, también respecto a Actos Jurídicos, un impuesto sobre el que Suárez ha aclarado que el PP no pide su supresión, sino que la cuota sea cero solo para en los casos de adquisición de primera vivienda y que la merma en la recaudación la aporte el Estado a las comunidades.

Gimeno ha insistido, respecto a la presión fiscal, en que los datos son “apabullantemente sorprendentes” porque en Aragón, según la Intervención General del Estado, está muy por debajo de la media, en concreto el puesto doce en Actos Jurídicos Documentados, el octavo en IRPF, el décimo en hidrocarburos o el quinto en Patrimonio.

Ha admitido, no obstante, que la Comunidad ha contado con más ingresos, pero partía con un déficit del 2,1 % y ahora está a punto de cumplirse el objetivo.

Al respecto, ha detallado a los medios de comunicación que para cumplir habría que reducir el gasto en unos 50 millones, aunque ha indicado que si al final del ejercicio hay alguna “buena noticia” y hay mayores ingresos, se podrán ajustar.

“En estos momentos, los informes que tenemos van en esa dirección” a mes de septiembre, y aún queda el último trimestre.