El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, ha vaticinado hoy que las comunidades autónomas podrían alcanzar pronto un acuerdo para armonizar sus políticas fiscales, estableciendo un mínimo y un máximo en los impuestos cedidos pero sin renunciar a su capacidad fiscal.
Gimeno ha contestado hoy en el pleno de las Cortes a una interpelación y a una pregunta formuladas por la diputada del Partido Aragonés Elena Allué, relativa a la política tributaria de la comunidad aragonesa.
Allué se ha interesado por la postura del gobierno aragonés en relación a una posible armonización del impuesto de sucesiones y donaciones, a lo que Gimeno ha replicado que hay un acuerdo "muy avanzado" y esa armonización "acabará ocurriendo".
Todo para evitar lo que ocurre, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que para el consejero es un "paraíso fiscal" al tener muchos más ingresos gracias a la capitalidad, lo que le permite imponer impuestos más bajos, lo que ha estimado "injusto".
Y por eso se podría fijar un mínimo y un máximo en los impuestos propios autonómicos, como en Sucesiones y Donaciones, en la línea de lo que también está solicitando la Unión Europea, pero sin renunciar en esa horquilla que se marque a la propia capacidad fiscal.
Para la diputada aragonesista, hay diferencias "sangrantes" en estos impuestos entre comunidades, especialmente en Sucesiones, que el PAR considera "injusto" porque los herederos deben tributar por unos bienes que ya han sido gravados en vida, y ha añadido que muchas familias deben de renunciar a ellos porque no pueden asumir estos pagos.
Supone especialmente "una losa" para el campo aragonés y para su modernización, y por eso ha instado al ejecutivo a que utilice su autonomía fiscal para favorecer a los aragoneses y "no para esquilmarlos".
Gimeno, antes, había asegurado que la presión fiscal de los impuestos aragoneses ascendía a finales de 2015 al 4,39 por ciento del PIB frente al 4,75 % del resto de comunidades autónomas, y aunque esa cifra aumenta a finales de 2016, sigue por debajo de la media.
Gimeno ha usado estos datos para reprocharle a la diputada del PAR Elena Allué el "catastrofismo" empleado en la interpelación que ésta le ha formulado sobre materia tributaria para familias y empresas.
Para Allué, la mayor presión fiscal en Aragón está provocando fuga de empresas a otras comunidades, ya que en 2016 frente a 127 empresas que se han instalado en la comunidad, otras 169 se han ido, generando un saldo negativo de 42 empresas perdidas que "hace años que no se daba".
Estas empresas, ha dicho, se marchan a otras comunidades donde "no se les ponen palos en las ruedas" y por eso ha pedido al ejecutivo una "decisión drástica" respecto a la bajada de impuestos para evitar que las pequeñas y medianas empresas en Aragón estén en una situación de "desventaja competitiva".
Gimeno le ha reprochado la "mentira tan gorda", entre otras cosas porque la presión fiscal en Aragón está por debajo de la media del resto de comunidades.
Y porque los datos sobre deslocalización de empresas que ofrece el Instituto Aragonés de Estadística no son los que ha dicho Allué, según Gimeno, quien ha precisado que, más bien al contrario, el número de empresas que se han instalado en Aragón ha crecido en 2016 respecto al año anterior.
Desde que el PSOE llegó al gobierno, ha enfatizado, la situación "es mejor", pero no solo por las circunstancias de la propia economía, sino también por la acción del ejecutivo, "con presupuestos o no".
Y ha añadido que el problema principal de la comunidad ahora es que el Estado no haya aprobado sus cuentas, porque hasta que el presupuesto estatal no entre en vigor, el aragonés "quedará cojo".
Si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cumple su previsión de presentarlo en marzo, hasta mayo no estará aprobado, y eso le preocupa mucho a Gimeno.
