La sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la modificación del plan especial de reforma interior que permitió la construcción del hipermercado de Utrillas ha caído como un jarro de agua fría en el Ayuntamiento de Zaragoza, que doce años después se reconoce expuesto a cualquier consecuencia que esta tenga después de tenerlo ya construido y funcionando desde hace más de una década. "Y ninguna será buena", reconoció ayer el vicealcalde Fernando Gimeno, quien calificó el veredicto recién aterrizado en el consistorio de "marrón para nota" provocado por la etapa de Luisa Fernanda Rudi en el Gobierno de la ciudad.

La sensación que trasladó ayer el Gobierno municipal es que se intentará buscar una "solución pactada", pero que la sentencia es prácticamente "inejecutable", porque opinó que sería "una barbaridad" ordenar el cierre de la galería comercial que se construyó, según explica el Alto Tribunal en su sentencia, con un plan especial incorrecto que se trató de enmendar posteriormente, en el 2004, con el único fin de eludir una sentencia inicial que impedía la instalación de parte de su zona comercial.

Así que se ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos para analizar los efectos que esta sentencia puede tener a corto plazo. Y "tiene muchos riesgos", aseveró el vicealcalde. "¿Qué consecuencias puede tener? Buenas ninguna. Si se anula todo y hay que ejecutarla, algunos perjuicios se van a producir seguro", añadió.

LA HERENCIA

Gimeno acusó a la herencia dejada por el Gobierno de Rudi y José Atarés antes de la entrada del PSOE, ya en el 2003 y junto a Chunta. Ambos se vieron obligados a realizar en el 2004 esa modificación del plan especial que el Alto Tribunal invalida. Para el vicealcalde, es "el caso que nos tocó asumir cuando llegamos" y como este "solo hay dos o tres" en la ciudad.

Por ser herencia del PP, no estuvo tan comedido Gimeno en comentar el varapalo, e incluso animó al portavoz municipal de los conservadores, Eloy Suárez, "que está especializado en presentar denuncias en los tribunales", a que se dirija al juzgado "para reclamar los perjuicios económicos que se pueden derivar y que los pague el responsable, que fue el Gobierno de la señora Rudi".

En el PP, el portavoz adjunto, Pedro Navarro, aseguró que su partido "respeta la sentencia" del Supremo pero defendió que aquel plan especial "estaba planteado desde la legalidad del Plan General de Ordenación Urbana". de manera que "lo que tiene que hacer el Gobierno ahora es regularizar la licencia y concederla", una medida "que vemos todos los días en otros casos como el de las Esquinas del Psiquiátrico". "Todo lo que hereda Carlos Pérez Anadón --actual responsable municipal de Urbanismo-- se considera un marrón", apuntó el edil popular, quien admitió que "todo parte de un error en la tramitación" pero que "en Zaragoza se han regularizado muchos expedientes así".