El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, aseguró ayer en las Cortes de Aragón que desde la DGA «se están haciendo cosas» en materia de introducción de cláusulas sociales en la contratación pública, aunque todavía no esté lista la legislación al respecto.
En respuesta a una interpelación formulada por el diputado de Podemos Román Sierra, el consejero incidió en la necesidad de hacer un «uso estratégico» de la contratación pública, pero advirtió de que hay dificultades para ponerlo en práctica y convertirlo en «hechos reales».
Gimeno confió en que Aragón se sitúe a este respecto por delante del resto de comunidades autónomas, si bien ha abogado por esperar a que se redacte la normativa estatal, que va a limitar el escenario, especialmente cuando el Gobierno central tiene «por costumbre» recurrir al Constitucional todas las normas autonómicas en esta materia.
Sin embargo, explicó que se está actuando en casos concretos y que, aunque es «poco», se trata de algo que antes no se hacía y que crea precedentes.
En este sentido, el consejero destacó la eficacia de la actual ley de acción concertada para la prestación de servicios que permite contar directamente con entidades sin ánimo de lucro en determinados casos, un cambio «radical que ahora están copiando otras comunidades», según dijo, así como que se está impidiendo volver a contratar con determinadas empresas que incumplen normativas como la de prevención de riesgos laborales.
Sierra, por su parte, también reconoció la valía de los profesionales en esta materia, pero consideró que a Gimeno le han «temblado las piernas» a la hora de sacar adelante el proyecto de ley aragonés de contratación pública.
Además, denunció que Aragón vaya a ir «a la cola» cuando podría haber sido «la vanguardia» en materia y reclamó al consejero fórmulas sociales para lograrlo.
