Aunque el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) no es el asunto central de la comisión de investigación sobre el saneamiento y la depuración de las aguas que se está celebrando en las Cortes de Aragón, ayer se coló por la puerta grande en la novena jornada de comparecencias gracias al que fuera concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza entre los años 2009 y 2015, Fernando Gimeno. «Ningún grupo político quería cobrar un nuevo impuesto en año electoral», aseguró.

El actual responsable de las finanzas autonómicas detalló que hubo un principio de acuerdo entre el consistorio y el Gobierno de Aragón en el 2012 para la aplicación el canon de saneamiento en la capital, que aunque sí fue aprobado por el Consejo de Gobierno nunca llegó a ser ratificado en el pleno municipal por razones políticas. «Se duplicaba la aportación de los vecinos a la depuración», indicó.

Ese acuerdo preveía la aplicación del (ICA) en Zaragoza a partir del 1 de enero de 2016 y garantizaba fondos para realizar obras en la ciudad, hasta el punto de que el consistorio debía aportar al menos diez millones de euros al Instituto Aragonés del Agua (IAA). Gimeno consideró que si no se ataban con un convenio los aportes desde la DGA se hubiera preferido actuar en los municipios de menor tamaño.

Gimeno, que se defendió de las acusaciones de «irresponsabilidad» del diputado del PP Fernando Ledesma, expresó que con el cambio de la ley de aguas el asunto del cobro del ICA quedó en manos del IAA y ya no quedaron dudas sobre la Administración que debía girar los recibos.

«Caros e ineficientes» / Más centrada en la depuración de responsabilidades por el sobredimensionamiento de los planes de saneamiento fue la intervención del consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, que los calificó de «caros e ineficientes». El responsable de la DGA explicó que desde que llegó a su puesto en el 2015 ha tratado de revertir el sistema concesional y al mismo tiempo extinguir el IAA para convertirlo en una dirección general. «Tenemos que volver a una senda que no se debería haber abandonado», justificó.

Olona consideró que si se hubiera seguido con la planificación los costes «hubieran arruinado a la población». En su duro enfrentamiento con la diputado del PAR, María Herrero, que defendió el denostado modelo concesional, el consejero usó un sustantivo que ya había salido antes en el debate: «Irresponsabilidad».

Herrero también inquirió sobre los planes del departamento para construir las 300 depuradoras que faltan en la comunidad, sobre todo en el Pirineo. «Está pendiente lo más complicado y en términos relativos lo más caro, pues corresponden a municipios de muy poco tamaño», explicó el consejero. En todo caso, evitó poner plazos de ejecución y se limitó a vaticinar un «plazo razonable».

La actual responsable del IAA, Inés Torralba, también cargó contra el modelo que se está investigando y reclamó la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente para cambiar el convenio con el que se tramitaron los contratos. «Uno de los grandes errores fue licitar muchas obras de forma simultánea», afirmó.

multas a pueblos / Al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Raimundo Lafuente, se le preguntó por las multas que reciben los municipios que no tienen depuradora por culpa de la mala gestión anterior. «Han sido proporcionadas al número de habitantes», indicó. Y garantizó que existe un periodo de alegaciones y que además la DGA estará enterada de la apertura de los expedientes. Por otro lado, defendió que en las comisiones de seguimiento del convenio con el ministerio no se pusieron pegas en ningún momento al desarrollo de los planes.

Los diputados también preguntaron al técnico del Ayuntamiento de Zaragoza Luis García Mercadal por cuestiones relacionadas con el ICA.