El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, fue tajante ayer en la comisión de Hacienda al asegurar que el éxito del futuro acuerdo sobre la financiación autónomica dependerá de la dotación económica que aporte el Gobierno central. «O se ponen miles de millones en la mesa o no habrá posibilidad de acuerdo», indicó el consejero a los grupos parlamentarios que querían conocer la posición del Gobierno de Aragón ante la negociación abierta por el Gobierno central con las comunidades autónomas.

Gimeno vaticinó una batalla «larga» y donde el acuerdo es complicado. Indicó que ya hay comunidades que defienden que se apliquen criterios distintos a los que benefician a Aragón que ya se han puesto de acuerdo, y en este sentido señaló que él pactará con aquellos que tengan intereses comunes. Aunque también fue muy explícito, ya que señaló que estaría dispuesto «a pactar con el diablo» con tal de defender los intereses de Aragón.

Para el consejero, es «posible», aunque sea difícil, conjugar los intereses de Aragón su Estatuto con los del resto y solicitó un acuerdo unánime con los grupos parlamentarios para defender una posición común en la mesa negociadora. Así lo expuso durante su comparecencia en la comisión, aunque posteriormente compareció también en la comisión de estudio creada el pasado febrero para estudiar la financiación. En el debate política previo, Gimeno se oyó varios reproches por parte de la oposicíon. Para el portavoz del PP, Antonio Suárez, «el Gobierno de Aragón ha hecho poco durante este año y medio, no han estado a la altura y han demostrado poco interés».

Marta de Santos, portavoz de Podemos, incidió en que ha habido poco diálogo por parte del Gobierno de Aragón, y consideró oportuno «crear nuevos espacios de diálogo», en lugar de «apostar por un experto que da su opinión sin saber cómo o por qué».

Más conciliadores fueron el resto de grupos. Entre ellos la diputada del PAR, Elena Allué, quien se puso a disposición del Gobierno para encontrar entre todos la mejor solución, lo que iría «en beneficio de Aragón y los aragoneses». De lo contrario, el PAR no apoyará «nada que suponga nuevos agravios». Planteó propuestas concretas, como crear un lobi de presión con comunidades con intereses similares; que se condone parte de la deuda histórica, que se cifra en 7.000 millones de euros; y que se revise el principio de solidaridad y el fondo de compensación interterritorial.

críticas por los impuestos / En términos parecidos se mostró Javier Martínez, portavoz de Ciudadanos, quien lamentó que hasta ahora se han ido poniendo «parches» a un asunto muy complejo y se fía todo a las subidas de impuestos para hacer frente a los gastos en lugar de estudiar un modelo más racional.

Los portavoces de CHA, Gregorio Briz, y del PSOE, Alfredo Sancho defendieron la bilateralidad y la necesidad de llegar a acuerdos. Dado que la mayoría incidió en que hay que buscar criterios que beneficien a Aragón, como el de la despoblación, Gimeno insistió en que habrá que cumplir con el Estatuto, que indica que se atenderá «el esfuerzo fiscal, su estructura poblacional, especialmente el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población, así como los desequilibrios territoriales».