El consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha emplazado a aprobar el techo de gasto como paso previo a elaborar un presupuesto de 2018 que será "el más cómodo" y ha asegurado que seguramente llegue a las Cortes antes del 8 de octubre de 2017.

Así lo ha afirmado Gimeno en su doble comparecencia ante la Comisión de Hacienda de las Cortes la petición del Grupo Popular para informar de los proyectos de su departamento en lo que queda de legislatura y a petición propia sobre los acuerdos adoptados en las últimas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)-, después de que el diputado de Podemos apuntara que sospecha que no quería traer el techo de gasto antes de las primarias socialistas.

En su intervención ha reiterado también que lo que ha hecho es resolver el "boquete" que encontró en el departamento a su llegada y que el déficit va a bajar "radicalmente" del 0,77 por ciento en que se situó tras el primer semestre de este año, ya que el Ejecutivo va a contar con 167 millones más vía ingresos de caja.

En cuanto al presupuesto autonómico de 2018, que será "el más cómodo", ha considerado que a ver "quién Dios" se opone al contar con más recursos para sanidad, educación o servicios sociales.

Esto se debe a que prevé que el techo de gasto aumente un 3,94 por ciento con respecto al año anterior, lo que supone tres años consecutivos de crecimiento, lo que permitirá seguir incrementando las políticas sociales.

Por tanto, Aragón está "mucho mejor" presupuestariamente y la solvencia es "total" en estos momentos e incluso no tendría problemas en acudir a los mercados a buscar financiación.

En otro orden de cosas, ha reivindicado que su departamento sí que ha llegado a acuerdos "muy importantes" con los sindicatos, a pesar de que la negociación para la Ley de Función Pública haya encallado.

El portavoz de Hacienda del PP, Antonio Suárez, ha criticado el "permanente victimismo" del Gobierno PSOE-CHA y el "trípode" que defiende que es el anterior el que tiene "la culpa de todo" porque "arrasó Aragón", que Lambán "lo está haciendo todo perfectamente" y que aquello que no se puede arreglar es "culpa de Rajoy".

Ha dicho que es "evidente" que Aragón no va a cumplir con el objetivo de déficit del 0,25 por ciento como apuntó Lambán y todo ello con una subida que afecta a "toda la estructura impositiva".

"Gastar más no siempre significa mejorar los servicios", ha aseverado, y ha puesto como ejemplo la sanidad pública, que pese a que cuenta hoy con 300 millones más que en 2015 ha pasado a ser de la segunda a la tercera más valorada según el barómetro de servicios públicos.

Por parte del resto de grupos, Héctor Vicente (Podemos) ha preguntado al consejero si está dispuesto a seguir con la "farsa" del sistema actual que obliga a elegir "entre los números y la gente" y ha expresado su preocupación por la deuda, que ondea los 7.500 millones de euros, de los que casi la mitad se tienen que amortizar en los próximos años.

Elena Allué, del PAR, ha sostenido que el actual Gobierno no ha sabido gestionar, pese a haber subido los impuestos, a tener más dinero de Madrid y contar con más posibilidades, y ha insistido en saber si Aragón va a tener presupuesto en 2018.

El diputado de Ciudadanos Javier Martínez ha defendido que, con la "millonada" de la que va a disponer la DGA, se podrían "aflojar las tuercas", pero se teme que se van a utilizar para "más fiesta", por lo que ha anunciado que en esta ocasión lo más probable es que no puedan contar con la formación naranja para sacar adelante el techo de gasto.

"Arréglense con la izquierda", ha agregado.

Por parte de los grupos que conforman el Gobierno, Alfredo Sancho (PSOE) ha recalcado que la situación actual no tiene "nada que ver" con la que encontraron hace dos años, mientras que Gregorio Briz (CHA) ha defendido la subida fiscal por ser "absolutamente moderada" y ha tachado de "populista" el debate creado en torno a la misma.

Con respecto a las últimas reuniones del CPFF, que fijó los objetivos de déficit de las comunidades autónomas en el 0,4 por ciento en 2018, 0,1 en 2019 y 0 en 2020, Gimeno la ha tachado de "tomadura de pelo" y de "improvisación", por lo que votó en contra.

Ha sostenido que el reparto del déficit planteado por el Gobierno central beneficiaba al Estado y perjudicaba a las autonomías como prestadoras de servicios y, aunque no es "el problema más importante", ha reincidido en la necesidad de aprobar una normativa que lo distribuya en función del gasto de cada administración en sus servicios.

En la misma sesión se han aprobado tres expedientes de gasto plurianual y otros dos de ampliación de crédito, todos ellos aprobados por unanimidad, excepto uno, que ha contado con el voto negativo del Grupo Popular.

Se trata de un expediente de ampliación por valor de 1.788.000 millones de euros en el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad para abonar conceptos variables, como guardias de incendios.

El arrendamiento de equipamiento para el hospital de Barbastro (465.588 euros), subvenciones para acciones formativas en el Inaem (824.000), suministro de sal para las carreteras en invierno (1 millón) y avales para el programa de máster del Zaragoza Logistic Center durante este curso académico (225.000) eran los otros expedientes aprobados.